Cobertura Especial: Elecciones presidenciales de México

Cobertura Especial: Elecciones presidenciales de México

Corrupción y compra de votos, en la mira de AMLO

El presidente electo anticipa planes para fomentar el bienestar de mexicanos.

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    EFE
    El presidente electo y algunos colaboradores se reunieron con los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

    Combate a la corrupción y bienestar para el pueblo. Así sintetizó el viernes el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, el contenido de dos paquetes de iniciativas de ley que presentará al Congreso y que, aseguró, "van a distinguir al nuevo Gobierno".

    En una conferencia de prensa, el izquierdista dijo que será él mismo quien envíe al Legislativo estos bloques de iniciativas a partir del 1 de diciembre, día en el que subirá al poder.

    El primero de ellos es un conjunto de medidas "con el propósito de que haya austeridad republicana y no se permita en el Gobierno la corrupción".

    Este incluirá modificaciones a la ley orgánica de la administración pública para reducir el gasto corriente; es decir, "bajar el sueldo de altos funcionarios" en beneficio de los de trabajadores de otras profesiones como enfermeros, médicos, maestros, policías, soldados y marinos.

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    Sin embargo, los sueldos de los servidores públicos intermedios no se reducirán, "y los que ganan menos tendrán un aumento progresivo".

    El líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) dijo que su gobierno enviará una iniciativa de ley reglamentaria del artículo 127 constitucional, porque "no se cumple". Dicho artículo establece que ningún servidor público puede recibir una remuneración mayor a la establecida para el presidente del país.

    Asimismo, la corrupción pasará a ser "delito grave", lo que implica que los infractores no tendrán derecho a fianza, así como el robo de hidrocarburos.

    Lo mismo pasará con la compra de voto, la utilización ilegal de recursos para fines electorales, la falsificación de actas y, en definitiva, todas las irregularidades que se dan "cuando las elecciones no son limpias y libres".

    López Obrador, quien obtuvo en las elecciones del pasado 1 de julio una holgada ventaja con más de 53 % de los sufragios, reiteró su intención de reformar el artículo 108 de la carta magna para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por el delito de corrupción.

    "También se va a abolir el fuero constitucional para los servidores públicos", agregó.

    El otro paquete está relacionado con conseguir un "Estado de bienestar", reorientando el presupuesto.

    Se modificará el artículo tercero de la Constitución para garantizar "la educación gratuita en todos los niveles de escolaridad".

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    En este sentido, se cancelará la "mal llamada" reforma educativa, impulsada por el actual presidente, Enrique Peña Nieto, y que puso en marcha acciones como la evaluación de los maestros.

    Esta reforma fue un foco de críticas del izquierdista durante su campaña, si bien también llegó a considerar mantenerla, aunque con algunas modificaciones.

    López Obrador reiteró que la pensión de los adultos mayores aumentará, y que esta medida "se va a elevar el rango de ley". Lo mismo ocurrirá con la pensión que se otorgue a los discapacitados pobres.

    Apuntó que también se creará una ley para "garantizar el derecho al estudio y al trabajo de los jóvenes".

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    El viernes, el político tuvo una reunión con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que estuvo encabezada por el presidente del órgano, Luis María Aguilar Morales.

    En el encuentro también participaron la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el designado por López Obrador como próximo consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer.

    El izquierdista comentó que trasladó a los ministros la necesidad de que haya "un esfuerzo de austeridad". Y que, por el momento, ha encontrado una "actitud receptiva".

    La SCJN, argumentó, está haciendo un ajuste en el presupuesto por el que pretende ahorrar 5,000 millones de pesos ($263 millones) en términos reales.

    Reconoció que su equipo y los ministros trataron el tema de los salarios, y que al respecto, les mencionó su intención de que se aplique de forma efectiva el artículo 127 de la Constitución.

    Pese a la insistencia de los periodistas que se encontraban en la rueda de prensa, no quiso dar más detalles sobre este punto, y se limitó a decir que no hubo ninguna "confrontación" y que su Gobierno será "respetuoso del Poder Judicial".