La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) confirmó que la agencia llevó a cabo el viernes "actividades policiales autorizadas por el tribunal" cerca del ayuntamiento de Dolton.
Según un portavoz del FBI, el Departamento de Justicia prohíbe al FBI comentar sobre cualquier investigación en curso, pero la presencia se produce en medio de una controversia generalizada en torno al liderazgo de la aldea.
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Una declaración del pueblo de Dolton afirmó que no hubo una "redada del FBI" en el ayuntamiento.
A principios de esta semana, varios funcionarios de alto nivel en los suburbios del sur de Dolton fueron nombrados en una serie de demandas e investigaciones.
Los fiscales federales acusaron a Keith Freeman, quien actualmente se desempeña como administrador de la aldea de Dolton y administrador municipal de Thornton Township, de hacer declaraciones falsas en su petición de quiebra.
Según la acusación, Freeman presentó una petición de bancarrota del Capítulo 7 el 3 de enero en el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos en Chicago. La petición incluía un documento en el que se exige al deudor identificar, entre otras cosas, todos sus bienes y fuentes de ingresos, así como cualquier reclamación en su contra.
La acusación formal alega que Freeman hizo varias declaraciones materialmente falsas y omisiones en el documento, incluida la subdeclaración consciente de los ingresos que obtuvo de su empleo como administrador de la aldea de Dolton y administrador municipal de Thornton Township, así como los honorarios que recibió de su empresa privada de consultoría.
Freeman también supuestamente ocultó que Village of Robbins había presentado un reclamo en su contra relacionado con aproximadamente $90,396 que Freeman recibió en exceso de su salario autorizado mientras era administrador de la aldea de Robbins, cargo que ocupó de 2017 a 2021.
Freeman también proporcionó al administrador del Capítulo 7 una supuesta copia de su declaración de impuestos sobre la renta individual de 2022, que representaba que los ingresos totales de Freeman procedentes del empleo eran de 45,186 dólares.
La acusación afirma que Freeman sabía que no había presentado una declaración de impuestos sobre la renta para ese año y que sus ingresos reales, que incluían un salario de 100,000 dólares sólo para el puesto de Dolton, excedían sustancialmente esa cantidad.
Otra parte del presunto plan fue que el 30 de enero de 2024, mientras testificaba bajo juramento en una reunión de acreedores, Freeman afirmó falsamente que no era un empleado de Dolton y que no recibió pago de Dolton, afirma la acusación.
El mes siguiente, Freeman supuestamente hizo que su paga de Dolton fuera depositada directamente en una cuenta bancaria abierta recientemente que no había revelado a los acreedores ni al síndico del Capítulo 7.
Freeman no ha sido procesado. El pueblo se ha negado a hacer comentarios.
Este último problema legal se produce días después de que se presentara una demanda civil contra la alcaldesa Tiffany Henyard y el administrador Andrew Holmes, un conocido activista comunitario, fue presentada por el ex asistente del alcalde y un oficial de policía de Dolton.
La demanda acusa a Holmes de agresión con lesiones y a Henyard de represalias.
Los incidentes supuestamente ocurrieron durante y después de un viaje de desarrollo económico a Las Vegas en mayo pasado. Un abogado de Holmes nos dijo que no tiene comentarios sobre la demanda.
En una declaración, el pueblo dijo a NBC Chicago que "esto no es más que dos empleados descontentos del pueblo que están tratando de quedarse con el dinero que los contribuyentes han ganado con tanto esfuerzo. El pueblo espera defender estas acusaciones y buscar todos los demás remedios disponibles para la aldea."
Hace días, cuatro fideicomisarios de Dolton nombraron a Lori Lightfoot, ex alcaldesa de Chicago y ex fiscal federal, como investigadora especial para investigar el viaje a Las Vegas y las acusaciones de malversación y gasto indebido por parte del alcalde.
Pero el fiscal del pueblo escribe en una carta que "los fideicomisarios carecen por completo de autoridad para nombrar a Lightfoot como asesor legislativo adicional". Continúa diciendo que "el alcalde no aprobará ningún pago a Lightfoot porque su nombramiento viola la ley".
