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Salvadoreños se indignan por fallo en caso de abuso de niña

Una niña de 10 años fue supuestamente abusada sexualmente por un magistrado.

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    EFE
    Decenas de personas participan en una protesta para pedir justicia para una niña de 10 años, que supuestamente fue abusada sexualmente por el magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, este lunes, en El Salvador (El Salvador). EFE/ Miguel Lemus

    Ciento de mujeres se concentraron el lunes frente al Centro Judicial de la capital salvadoreña para protestar por el reciente fallo de un Tribunal Superior de Justicia que resolvió que no hubo agresión sexual contra una niña de diez años, sino una falta llamada “actos contrarios a las buenas costumbres y al decoro público”.

    El Ministerio Público acusó al abogado Eduardo Jaime Escalante Díaz, magistrado de la Cámara Primera de los Civil de la Corte Suprema de Justicia, de agredir sexualmente a una menor en una populosa colonia en la periferia este de la capital. Según las denuncia, el abogado se habría acercado a la niña para tomarla de los hombros y tocar sus partes íntimas.

    El arresto del magistrado ocurrió en la colonia Alta Vista de Ilopango después de que la madre de la víctima lo denunciara ante la policía.

    El magistrado no guarda prisión porque goza de fuero constitucional y fue entregado en custodia a la presidencia de la Asamblea Legislativa para cumplir con el procedimiento de ley.

    Los magistrados de la Cámara Primero de lo Penal emitieron un comunicado de prensa en el que justifican su decisión y aseguran que actuaron apegados a derecho.

    La Cámara sostiene que el Ministerio Público no presentó pruebas suficientes para describir la conducta del magistrado Escalante como agresión sexual en menor y se calificó jurídicamente como una “infracción penal constitutiva de falta” en lo relacionado a las “buenas costumbres” y “decoro público”. Según el Código Penal, quien comete este tipo de faltas es “el que aprovechándose de aglomeraciones públicas o del descuido de quien transita por calles o lugares públicos, realizare tratamientos impúdicos”.

    La decisión del Tribunal provocó la indignación de diferentes sectores del país y de organizaciones internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), así como también de instituciones nacionales que defienden los derechos de los niños.

    El arzobispo capitalino, José Luis Escobar Alas, se unió a la indignación popular y calificó la resolución como “una aberración jurídica”.

    “Me da pena y vergüenza que una Cámara de la Corte Suprema de Justicia de esa resolución. Qué pena, que vergüenza que una institución así venga a decir que esos tocamientos no son delito, que son falta”, manifestó el prelado católico en conferencia de prensa.

    El presidente Nayib Bukele también exigió a la Corte Suprema de Justicia una pronta acción en favor de la niñez y pidió la intervención de los organismos internacionales en materia de Derechos Humanos.

    Los manifestantes, en su mayoría mujeres, portaban carteles con mensajes como: “Las Niñas no se tocan, ni se violan, ni se matan”. “Tocar Niñas sí es Delito”.

    La manifestación, que se desarrolló sin incidentes, fue custodiaba por la Policía Nacional Civil. Se colocaron conos y bloquearon el paso de los vehículos frente a los tribunales de justicia.

    En su comunicado oficial, la Cámara dice que respetuosos de la libertad de expresión, están conscientes de que las reacciones de la ciudadanía pueden diferir con los pronunciamientos del Tribunal y que estas críticas son valiosas en toda sociedad democrática, “siempre que se los cuestionamientos e inconformidades sean realizados de manera respetuosa”, y sobre todo teniendo conocimiento tanto del caso en particular, como de los hechos atribuidos y de las disposiciones legales aplicables, por lo que deben de esperar a que exista una decisión por escrito y debidamente notificada a las partes.

    El Tribunal también rechazó los señalamientos de funcionarios públicos, de diversas instituciones y órganos del Estado, incluido el presidente Bukele, “por cuanto constituye una clara violación a la independencia de poderes y obstaculiza indebidamente nuestra función judicial”.