Hay muchas preguntas aún sobre los operativos de inmigración que la administración de Trump estaría realizando, así como también hay dudas sobre las protecciones que daría la designación de una ciudad santuario.
Para agregar más complejidad al asunto, el Departamento de Justicia indicó que estaría investigando y procesando a funcionarios locales que se opongan a las medidas de inmigración del presidente Trump.
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Sin embargo, expliquemos primero lo siguiente: ¿qué significa ser una ciudad santuario?
Una ciudad santuario es una jurisdicción con políticas que limitan o prohíben la cooperación de gobiernos locales con autoridades federales como la ciudad de Chicago y el estado de Illinois. A pesar de su protección a personas sin un estatus legal, no frena del todo las detenciones y deportaciones.
"La policía no coopera con las leyes federales a entregarles a una persona por su estatus migratorio. Eso es lo que significa ser ciudad santuario. Sin embargo, ser una ciudad santuario no significa que los agentes de inmigración no puedan venir a tu casa, no puedan venir a tu negocio o lugares públicos", explicó Rocío Becerril, abogada de inmigración.
Por ejemplo, si una persona indocumentada es detenida por la policía estatal, del condado o de la ciudad, estos no podrán informarles a ICE o entregarles la custodia. En el caso de las escuelas, CPS envió un comunicado donde explica que agentes de inmigración no pueden entrar a las escuelas, pero si llegan con una orden de cateo firmada por un juez en busca de una persona, no les pueden impedir la entrada.
"Si por alguna razon las fuerzas policíacas locales se coordinan con ICE, el fiscal general puede demandarlos", dijo el representante Edgar González.
Pero, ¿cómo estarían trabajando las autoridades locales luego de que se diera a conocer un memorándum del Departamento de Justicia que advierte que estarían investigando y procesando a funcionarios locales que se resistan, obstruyan o incumplan con las medidas federales relacionadas a inmigración?
"Si el Departamento de Justicia trata de demandar al estado ya sería una cuestión entre nuestros abogados. En este caso, el fiscal general de Illinois debe pelearse con los abogados del gobierno federal en la Corte Suprema, ¿qué vaya a pasar después de ahí? No se sabe", comentó González.
