CHICAGO - En 1985, el entonces alcalde de Chicago, Harold Washington, emitió una orden ejecutiva que prohibía a los empleados de la ciudad hacer cumplir las leyes federales de inmigración para protestar por la decisión del gobierno federal de realizar búsquedas aleatorias en los registros de la ciudad para encontrar y enjuiciar a los inmigrantes indocumentados.
El jueves, la alcaldesa Lori Lightfoot siguió un camino similar, esta vez para evitar que la histórica decisión que anuló Roe vs. Wade diera paso a una era de investigación y enjuiciamiento.
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Lightfoot firmó una orden ejecutiva que prohíbe que el Departamento de Policía de Chicago o cualquier otra agencia del gobierno local colabore para criminalizar a las mujeres que vienen a Chicago en busca de abortos prohibidos en sus estados de origen o a los proveedores médicos y otras personas que las ayudan.
La orden permanecerá vigente hasta septiembre, cuando se espera que el Ayuntamiento de Chicago apruebe una ordenanza más amplia defendida por la concejal Rossana Rodríguez Sánchez, del distrito 33, y sus compañeros progresistas.
Durante una conferencia de prensa en el ayuntamiento el jueves, Lightfoot dijo que es “horroroso” ver la “carrera hacia el abismo” que se está produciendo en otros estados desde la decisión de la Corte Suprema del 24 de junio.
“No solo prohibir el aborto, sino hacer cero excepciones por la salud y la vida de una madre. Cero excepciones para víctimas de violación o incesto. Nunca en mi vida pensé que veríamos el tipo de legislación horrible... aprobada alegremente por estados controlados por legislaturas republicanas”, sostuvo Lightfoot.
“No seremos cómplices de vivir los sueños de otro estado que quiere criminalizar a las mujeres por buscar acceso a la atención médica”, agregó Lightfoot.
Lightfoot señaló que Estados Unidos tiene una “triste historia de criminalizar a las personas que huyen de un estado para cumplir con los derechos de libertad que Dios les otorgó”.
“Realmente estoy pensando mucho en las leyes de esclavos fugitivos que se aprobaron antes en la historia de nuestro país. No podemos volver a esos tiempos”, puntualizó la alcaldesa.
La representante estatal Kelly Cassidy, demócrata de Chicago, defensora legislativa del derecho al aborto, dijo que el hecho de que no haya habido cazas de brujas en Chicago no significa que no las habrá.
Ayer mismo, Cassidy comentó que recibió “fotos de un manifestante contra el aborto tomando fotos de cada matrícula en un estacionamiento, presumiblemente con el próximo objetivo de buscar quiénes son [los dueños] de esos autos y entregarlos” en sus estados.
“Esto es a lo que nos enfrentamos. Esto es lo que tenemos que anticipar”, dijo Cassidy.
Megan Jeyifo, directora ejecutiva del Chicago Abortion Fund, compartió que ya ha escuchado de mujeres que están “aterrorizadas” por ser detenidas en el camino a casa desde Chicago.
“Tengo niños en casa. Los dejo con una niñera. ¿Qué pasa si me arrestan y no puedo ir a casa con mis hijos”, indicó Jeyifo citando a esas mujeres.
La ordenanza presentada por Rodríguez Sánchez prohibiría a los agentes de policía de Chicago participar en investigaciones de mujeres que buscan abortar y de quienes las ayudan, a menos que la orden de un juez obligue a esa cooperación.
Pero Lightfoot dijo que le preocupa “validar una orden de un juez de un tribunal estatal en uno de estos estados donde están persiguiendo clara y agresivamente” a las mujeres que eligen el aborto. Señaló que los jueces son elegidos y “sienten presión política”.
“Si bien obviamente nos ocuparemos de una orden judicial si la recibimos, no vamos a dar el mismo tipo de presunción que de otro modo podríamos hacer debido a la naturaleza de cómo los tribunales en algunos de estos estados han sido increíblemente politizados”, señaló la alcaldesa.
Rodríguez Sánchez también presentó una ordenanza complementaria que destinaría al menos $1 millón del presupuesto de Chicago para 2023 para atención reproductiva y defensa de clínicas.
Eso sigue el patrón del fondo de defensa legal de $1.3 millones creado por el exalcalde Rahm Emanuel para ayudar a los inmigrantes amenazados con la deportación después de que Donald Trump fuera elegido presidente en 2016.
Lightfoot ya ha destinado $500,000 para apoyar a los proveedores y buscadores de abortos.
La alcaldesa sostuvo que necesita “trabajar con los proveedores para ver específicamente lo que necesitan” antes de decidir cuánto dinero más reservar en su presupuesto preelectoral.
“Una de las cosas más importantes que... impulsará el aumento de los costos es el costo del viaje y el alojamiento. Hemos tenido algunas explicó.
“Es pronto para ponerle un número. Tenemos que hablar más con los proveedores. Tenemos que ver qué nos están proporcionando los datos. Pero va a ser un número saludable. No hay duda al respecto”, agregó.
Lightfoot dijo que también está “explorando activamente opciones para apoyar” a los empleados de la ciudad que buscan abortos.
Instó a los sectores privado y filantrópico a hacer lo mismo por sus empleados.
“No necesitamos declaraciones extravagantes. Necesitamos acción”, reiteró la alcaldesa.
