Un controvertido proyecto de ley de reforma de la justicia penal no aparece en la boleta este noviembre, pero los votantes pero el destino de esta legislación se verá afectado por los resultados de las próximas elecciones.
El Acta SAFE-T, aprobada por la Asamblea General en enero de 2021 y firmada por el gobernador J.B. Pritzker, aborda una serie de problemas que afectan la vigilancia, las sentencias y el sistema correccional, pero en esencia es un cambio fundamental en la forma en que el estado maneja la prisión preventiva, y la legislación elimina la fianza en efectivo.
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Ese cambio ha provocado una oleada de controversia, con los republicanos criticando el proyecto de ley como una amenaza para la seguridad de los habitantes de Illinois y los demócratas argumentando que la legislación hará que el sistema de justicia penal sea más justo.
Como resultado, las elecciones podrían afectar potencialmente el destino del ACT SAFE-T, especialmente con los desafíos legales pendientes que aún se abren paso en los tribunales.
El proyecto de ley ha ocupado un lugar central en la contienda por la gobernación entre Pritzker y el senador estatal Darren Bailey, su oponente republicano en las elecciones intermedias de 2022. Los comités de acción política que apoyan a Bailey han criticado a Pritzker por la legislación, argumentando que causaría amenazas a la seguridad pública al dificultar que los jueces ordenen a los acusados permanecer en la cárcel a la espera del juicio. El propio Bailey ha pedido que se derogue la medida.
Pritzker ha respondido argumentando que la eliminación de la fianza en efectivo hará que el sistema de justicia sea más justo al sustraer los medios financieros de la ecuación al determinar si un sospechoso debe permanecer en la cárcel o no, y también indicó que algunas disposiciones del proyecto de ley harían más probable que los sospechosos sean encarcelados en ciertas situaciones, incluso en incidentes de violencia doméstica.
La contienda por el cargo de fiscal general también ha provocado mucho debate sobre el proyecto de ley, con el candidato republicano Thomas DeVore pidiendo la derogación del Acta SAFE-T y el actual fiscal general Kwame Raoul defendiendo la legislación.
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A medida que continúan los desafíos legales a la legislación, algunos argumentan que viola el debido proceso y otros que su aprobación rápida por la Asamblea General puede haber eludido la ley estatal. La Corte Suprema estatal podría verse involucrada y la composición ideológica de esa corte también podría estar en juego en noviembre.
Si bien dos jueces republicanos y dos demócratas no estarán en la boleta electoral, sí lo estarán otras tres contiendas. En el primer distrito, compuesto por Chicago y el Condado de Cook, la presidenta del Tribunal Supremo demócrata Mary Jane Theis se enfrentará a un voto de retención, necesitando el 60% de los votos emitidos a su favor para permanecer en el cargo.
En el segundo distrito, el ex alguacil del condado de Lake, Mark Curran, espera mantener el escaño en manos republicanas cuando se enfrente a la jueza demócrata Elizabeth Rochford.
Incluso si los demócratas mantienen su control sobre la Asamblea General, la gobernación y la Corte Suprema estatal todavía existe la posibilidad de que se cambie el Acta SAFE-T. Pritzker y otros funcionarios demócratas han indicado que el proyecto de ley podría modificarse durante la próxima sesión de veto, que tendrá lugar después de las elecciones. Se han hecho propuestas para ajustar la eliminación de la fianza en efectivo, que los legisladores podrían discutir potencialmente en Springfield.
Para complicar un poco las cosas, se necesita un umbral de votos más alto para promulgar o cambiar la legislación, ya que los proyectos de ley necesitan al menos un 60% de apoyo para ser aprobados durante una sesión de veto.
La Asamblea General no contará con nuevos miembros hasta enero, lo que significa que incluso aquellos que hayan perdido sus elecciones permanecerán en sus escaños durante la sesión de noviembre.
