Los notarios en Chicago cobran precios exorbitantes, ofrecen asesoría legal no autorizada a indocumentados y prometen resultados imposibles de obtener, según una investigación de la Alcaldía dada a conocer este viernes.
"Solamente descubrimos la punta del iceberg con nuestra investigación", dijo a Efe el director de la Oficina Nuevos Americanos de la municipalidad, Adolfo Hernández.
Seis inspectores del Departamento de Protección al Consumidor visitaron a 54 proveedores de servicios de inmigración, o notarios, en el barrio mexicano La Villita y otras comunidades de inmigrantes y descubrieron que el 44 por ciento estaba en infracción.
"Hay muchos más que se aprovechan de la ignorancia de la gente para sacarle dinero y en muchos casos en lugar de ayudar los colocan al borde de la deportación", dijo Hernández.
El funcionario dijo que los notarios públicos pueden ser considerados abogados en México y otros países latinoamericanos, pero en Estados Unidos es una profesión que se limita certificar la identidad de una persona antes de la firma de un documento.
"Los notarios pueden traducir formularios de inmigración y ayudar en el llenado, pero no pueden dar consejos legales o vender servicios de representación legal", dijo Hernández.
Como ejemplo mencionó el caso de un joven que pagó 1,000 dólares a un notario para que regularizara el estatus migratorio de su novia de origen mexicano, que había sido deportada una vez por estar indocumentada en Estados Unidos.
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"El nombre de la novia ya estaba en el sistema de ICE (Oficina de Inmigración y Aduanas) y sabemos que esos casos son casi imposibles de solucionar para un abogado, a pesar de que el notario prometa arreglar todo", dijo Hernández.
En la investigación realizada por la Alcaldía los inspectores emitieron multas de hasta 10,000 dólares a los notarios infractores y es posible que algunos de ellos enfrenten penas de prisión.
"Algunos negocios no estaban bien informados, pero otros se aprovechaban de la gente y de la confusión que se crea cada vez que se habla a nivel federal de reforma migratoria", señaló Hernández.
El Concejo Municipal de Chicago aprobó en mayo de 2012 una nueva ordenanza sobre licencias empresariales que exige a los proveedores de servicios de inmigración la colocación en un lugar bien visible, y en varios idiomas, los costos, servicios que pueden ofrecer y formas de presentar quejas.
Según un comunicado de la Alcaldía, la investigación encubierta permitió documentar "precios exorbitantes, asesoría legal no autorizada y promesas de resultados imposibles de obtener".
"No puedo permitir que proveedores de servicios fraudulentos de inmigración se aprovechen de individuos que buscan acceder al sueño americano", dijo el alcalde Rahm Emanuel.
"Este tipo de investigación busca dar seguridades al consumidor, y que los empresarios que cometan fraude sean llamados a responsabilidad", agregó.
En Illinois la persona que ofrece servicios de inmigración tiene que estar registrada en la Procuraduría de Justicia y firmar un contrato en inglés y en el idioma del contratante.
Asimismo, el cliente tiene que tener derecho a cancelar el contrato en un plazo de tres días, y a recibir toda la documentación de su caso si la solicita.
El comunicado de la Alcaldía también destaca otras ordenanzas que protegen a las familias trabajadoras en Chicago de los prestamistas que ofrecen "payday loans" con intereses de usura, o los preparadores de impuestos que recargan sus tarifas y obligan a los consumidores a pagar por servicios inexistentes.
A comienzos de este año, la Municipalidad realizó una operación encubierta de gran escala contra preparadores de impuestos y descubrió que en el 96 por ciento de 203 empresas no se cumplía con la ordenanza que obliga a publicar las tarifas y los derechos del consumidor.
El méxicoamericano Adolfo Hernández dirige la oficina Nuevos Americanos del alcalde de Chicago
