PALMA, España.- Un juez de Palma de Mallorca pidió a la Agencia Tributaria que amplíe la investigación sobre supuestas irregularidades fiscales de la segunda hija del Rey, la infanta Cristina, además de más datos sobre su esposo, Iñaki Urdangarin.
El juez José Castro instruye el llamado "caso Nóos", sobre el supuesto desvío de seis millones de euros de fondos públicos a un instituto creado sin ánimo de lucro que entre 2003 y 2006 presidió Urdangarin.
A través de un auto difundido hoy, el juez decidió incorporar a la causa varias declaraciones de la renta de la infanta Cristina y reclamó a la Agencia Tributaria que aclare cualquier contradicción en un informe emitido el 14 de enero sobre la "intervención que en supuestas irregularidades fiscales y de blanqueo de capitales haya podido tener doña Cristina".
En especial "si ha podido hacer uso para la rehabilitación de su vivienda de Barcelona u otras atenciones personales y familiares de fondos derivados" de una empresa llamada Aizoon, con la que Cristina y Urdangarin, duques de Palma, gestionaban su patrimonio.
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Además, el juez solicitó a la autoridad fiscal que informe de las cuentas corrientes de las que la infanta sea titular o en las que aparezca como apoderada, así como de bienes muebles e inmuebles, fondos de inversión, activos financieros y depósitos de los que sea titular.
Asimismo, pidió a la Agencia Tributaria que "cuantifique la cuota supuestamente defraudada" por Iñaki Urdangarin en los ejercicios de 2007 y 2008".
El pasado 7 de mayo la Justicia española retiró a la infanta Cristina la condición de imputada en el supuesto caso de corrupción que afecta a su esposo, pero mantuvo la posibilidad de proceder contra ella por un presunto delito fiscal.
El juez Castro ya había rechazado los recursos de los abogados de la infanta Cristina y Urdangarin contra su decisión de incorporar a la causa varias declaraciones del Impuesto de la Renta de ambos.
La segunda hija y el yerno del Rey Juan Carlos adujeron que investigar esas declaraciones de la renta vulneraba su derecho a la intimidad, pero el magistrado replicó que se trata de aclarar hechos de "obvia trascendencia" y que forma parte de la instrucción del caso.
