SAN JUAN - La Secretaría de Justicia puertorriqueña solicitó el lunes que se asigne un fiscal especial para investigar la denuncia contra el legislador opositor Héctor Ferrer por supuesta violencia doméstica.
Nydia Cotto, presidenta del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), detalló que según el informe remitido por el secretario de Justicia, Guillermo Somoza, existen indicios suficientes para creer que Ferrer cometió delitos de violencia doméstica.
Ferrer, de 41 años, estuvo detenido 13 horas en un cuartel policial la semana pasada por supuesta agresión verbal contra su ex pareja, Elisa Hernández, en presencia del hijo de ambos de cinco años.
Cotto explicó que los miembros del PFEI determinarán si asignan un fiscal especial para que concluya la investigación y proceda judicialmente contra el legislador y vicepresidente del Partido Popular Democrático (PPD).
El PFEI fue creado como una fiscalía para investigar el comportamiento delictivo o indebido de funcionarios gubernamentales.
Ferrer aseguró el lunes en conferencia de prensa que su ex pareja fue presionada por la procuradora de la Mujer, Wanda Vásquez, y la secretaria de la Familia, Yanitzia Irizarry, para firmar la declaración jurada en la que narra el supuesto incidente de violencia.
Anunció que exigirá al gobernador Luis Fortuño la destitución de ambas funcionarias.
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Somoza, secretario de Justicia, confirmó en conferencia de prensa que recomendó la asignación de un fiscal especial y negó que Vásquez e Irizarry hayan ejercido coerción sobre la ex pareja de Ferrer.
El legislador y candidato del PPD a la alcaldía de San Juan aseguró que la policía violó sus derechos civiles al detenerlo e insistió que el gobierno aprovecha "una situación familiar que en nada viola la ley" para activar una estrategia en su contra.
Aclaró que en la discusión con su ex pareja no hubo violencia física.
La presidente de la Cámara de Representantes, Jenniffer González, anunció el lunes que si el PFEI nombra un fiscal especial, ella también solicitará una investigación contra Ferrer por parte de la Comisión de Etica de ese órgano legislativo.
