La agencia federal aclaró este punto por medio de su cuenta de Twitter.
Por TELEMUNDO LOCAL ••
El programa no concede ningún estatus legal de residencia, dijo la agencia federal a través de las redes sociales.
Los dreamers, aquellos inmigrantes indocumentados que ingresaron a EEUU de niños y que se acogen al beneficio de residencia temporal gracias a una orden ejecutiva lanzada en el 2012 por el entonces presidente Barack Obama, no están exentos a ser deportados, informó este jueves el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) .
A través de su cuenta de Twitter, la agencia federal informó que el decreto, llamado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sis siglas en inglés), “no es un estatus legal protegido, pero las personas con DACA son típicamente de una prioridad menor a la hora de hacer cumplir la ley”.
DACA is not a protected legal status, but active DACA recipients are typically a lower level of enforcement priority
“La acción diferida puede ser revocada en cualquier momento, especialmente si alguien comete un crimen, es una amenaza a la seguridad nacional o al orden público” continúa ICE. “La acción diferida no previene que el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) ejecute una orden de deportación”.
Deferred action may be revoked anytime especially when someone commits a crime or poses a national security of public safety threat
ICE dijo por último que desde el lanzamiento de DACA en el 2012, el DHS ha terminado con las acciones diferidas de 1,500 personas que se beneficiaban del decreto por “criminalidad o afiliación a las pandillas”.
En las últimas semanas, varios dreamers que fueron detenidos por diferentes motivos, entre ellos un joven en Texas presuntamente con marihuana y otro en Washington con un tatuaje “de pandillas”, se encontraban al borde de la deportación.
Una dreamer argentina fue deportada en Mississippi luego de que se le venciera su permiso de DACA; las autoridades no tomaron en cuenta que la muchacha se encontraba en proceso de que le aprobaran su nueva aplicación.
El decreto del presidente Trump.
La revisión del veto migratorio que firmó el lunes el presidente Donald Trump ha generado preocupación en ciertos círculos, incluídos la justicia, activistas y abogados. Te contamos cuáles con los cuestionamientos del decreto.
Los tribunales no tuvieron tiempo de pronunciarse definitivamente sobre el caso antes de que Trump reemplazó su orden ejecutiva migratoria el lunes con una versión más reducida - una que los partidarios dicen que está en los límites de su autoridad y que los críticos califican de más aceptable aunque sigue siendo problemática.
"Lo importante es que el presidente capituló en numerosas provisiones clave que reclamamos en los tribunales hace un mes", dijo el responsable de Justicia del estado de Washington, Bob Ferguson (foto), quién encabezó el desafío legal contra la primera norma, en una conferencia de prensa el lunes.
Pero la norma original pretendía en parte "perseguir a países de mayoría musulmana", explicó Ferguson. "Seguimos teniendo preocupaciones sobre ese propósito".
El nuevo decreto prohíbe temporalmente la emisión de nuevos visados para ciudadanos de seis naciones de mayoría musulmana - una menos que la original tras sacar a Irak de una lista en la que figuran Irán, Siria, Somalia, Sudán, Yemen y Libia. Además suspende el programa estadounidense de refugiados en su totalidad (foto de archivo).
La medida afecta solo a refugiados que no están ya de camino a Estados Unidos y a quienes solicitan una nueva visa. Además se retiró la redacción que daba prioridad a las minorías religiosas, una cláusula que algunas personas interpretaron como una manera de ayudar a los cristianos a ingresar al país y excluir a los musulmanes.
Ferguson y su homólogo en Virginia, Mark Herring (foto), ambos demócratas, estaban evaluando si presentar nuevas trabas legales antes de que la entrada en vigor del decreto el próximo 16 de marzo.
Aunque el decreto dio un paso atrás "sigue mandando un mensaje horrible al mundo, a los estadounidenses musulmanes y las comunidades minoritarias en todo el país, sin ningún beneficio demostrable para la seguridad nacional", explicó Herring.
Por su parte, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) prometió actuar rápido para intentar drenar la orden. Sin embargo, los cambios harán que un juez federal tenga "mucho, mucho más difícil" bloquear la norma, dijo el abogado especializado en inmigración Ted Ruthizer desde Nueva York.
Las cortes podrían encontrar convincente que la orden ejecutiva no afecte a musulmanes de todos los países, agregó. Y los jueces tienen un historial de ratificar partes de leyes migratorias que discriminan en base a la raza o la nacionalidad cuando se invoca la seguridad nacional.
Stephen Yale-Loehr, profesor de derecho migratorio en la Cornell University Law School, sostuvo que aunque la nueva propuesta de Trump tiene una base legal más sólida "no sofocará los litigios o preocupaciones". En la foto, un control en un aeropuerto en Estados Unidos.
"Familiares estadounidenses seguirán demandando por la incapacidad de reunirse con sus seres queridos en Estados Unidos", explicó. "Las empresas estadounidenses podrían demandar porque no pueden contratar a los trabajadores que necesitan que esos seis países. Y las universidades estadounidenses se preocuparán por el impacto de la orden en la disponibilidad de los estudiantes extranjeros para ir a la universidad en Estados Unidos".
Altos cargos republicaron recibieron con agrado los cambios de Trump. El senador por Utah Orrin Hatch (en la foto, saludando al yerno de Trump, Jared Kushner, en la Casa Blanca) apuntó que la revisión de la orden hace progresos significativos hacia lo que reclamó tras la primera: evitar poner trabas a los viajeros inocentes o a los refugiados que huyen de la violencia y la persecución.
Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan (en la foto, detrás del presidente Trump durante su reciente discurso ante el Congreso), dijo que el decreto "avanza nuestro objetivo compartido de proteger el país". Te puede interesar: Residencia permanente; quiénes pueden pedirla y cómo
Por su parte, la secretaria de Justicia de Massachusetts, Maura Healey, quien respaldó el proceso legal contra la primera, describió la actualización como "un claro intento de revivir una orden desacreditada y cumplir una promesa de campaña discriminatoria e inconstitucional". Te puede interesar: Qué hacer si ICE toca a tu puerta
El programa permite a los jóvenes obtener un permiso de trabajo y una licencia de conducir, aunque establecía que, para seguir gozando de estos beneficios, los jóvenes debían renovar el permiso cada dos años.
