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El Salvador imputa delitos a exmilitares por masacre

Esto por su supuesta participación en la masacre de El Mozote, perpetrada por soldados en 1981

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    EFE
    José Antonio Rodríguez (c), uno de los tres imputados vinculados a la planificación y ejecución del operativo militar que concluyó con el asesinato de unos mil campesinos, la mayoría niños, en El Mozote (noreste), asiste a la audiencia este jueves en San Francisco Gotera (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

    SAN SALVADOR — Dos exmilitares salvadoreños fueron notificados el jueves que serán procesados por su supuesta participación en la masacre de El Mozote, perpetrada por soldados en 1981 y que dejó un registro oficial de 989 campesinos muertos.

    Jorge Guzmán Urquilla, juez de San Francisco Gotera, 168 kilómetros al este de la capital, citó a los coroneles Roberto Antonio Garay y José Antonio Rodríguez, para informarles que serán procesados junto a otros exmilitares, entre ellos, altos mandos de las fuerzas armada de El Salvador por los delitos de tortura, desapariciones forzadas y desplazamiento forzado que habrían sido cometidos en el marco de la “Operación Rescate”.

    La masacre se registró entre el 11 y 13 de diciembre de 1981 a unos 120 kilómetros al este de la capital salvadoreña durante una operación del ahora extinto batallón Atlacatl, entrenado en tácticas de contrainsurgencia en Estados Unidos. Los soldados entraron a la zona en busca de las unidades de la guerrilla, pero algunos de ellos mataron a civiles.

    Muchos cuerpos de las víctimas fueron tirados en el interior de una iglesia y luego les prendieron fuego. En una de las fosas, los forenses encontraron 136 esqueletos de niñas y niños, con un promedio de edad de seis años.

    Durante la audiencia, el juez manifestó que los delitos cometidos por los exmilitares en El Mozote son considerados de lesa humanidad y que durante la “Operación Rescate”, en la que participaron unidades de infantería, artillería y fuerza aérea, los campesinos fueron forzados a abandonar sus lugares de origen, ya que el Estado nunca hizo nada para que pudieran regresar a sus hogares.

    El exprocurador general de Derechos Humanos, David Morales, uno de los abogados querellantes, dijo que durante la audiencia la defensa presentó a un exmilitar como testigo de descargo cuya credibilidad “está muy cuestionada. Quedaron claros sus intereses, la afinidad con diversos imputados”.

    El testigo en cuestión fue fundador del batallón Atlacatl y compañero de los implicados. Sin embargo, según Morales, su testimonio no es válido porque cuando ocurrieron los hechos, él ya no formaba parte del batallón.

    El juez reabrió la investigación luego de que la Corte Suprema derogara la Ley de Amnistía General de 1993 que impidió que los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra fueran investigados.

    A inicios del juicio en marzo de 2017, el juez Guzmán Urquilla citó a 18 exmilitares, incluidos el entonces ministro de Defensa y el antiguo jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, pero no todos comparecieron. Los que se presentaron negaron su participación en la matanza alegando que muchos archivos se perdieron durante la guerra civil y otros fueron destruidos.

    Entre los imputados figuran el exministro de Defensa, José Guillermo García; el exjefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas, General de División Rafael Flores Lima; coroneles y oficiales --todos en retiro-- que habrían dirigido la operación que produjo la masacre

    Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, divulgado en 1983 luego de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil, responsabilizó de la masacre al coronel Domingo Monterrosa, entonces comandante del batallón Atlacatl, así como al jefe de operaciones, el coronel Armando Azmitia, y a otros seis oficiales entre capitanes y mayores que no fueron juzgados bajo el amparo de la ley de amnistía promovida por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994) después de divulgarse el documento de la ONU.

    Monterrosa y Azmitia murieron en El Mozote el 23 de octubre de 1984, cuando un helicóptero en el que volaban explotó en el aire por una bomba colocada por la guerrilla.