Revelan "estafa maestra" del gobierno mexicano

Una investigación periodística destapa un fraude por más de $429 millones.

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    Por presuntos actos de corrupción, en seis meses han sido sancionadas 176 personas, de las que 168 eran servidores públicos.

    El Gobierno mexicano usaría "empresas fantasma" para desviar recursos millonarios, reveló el lunes una investigación periodística que detectó contratos ilegales por más de 7,670 millones de pesos ($429 millones).

    La investigación, llamada "La estafa maestra", es producto de meses de trabajo de periodistas del medio digital Animal Político y la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

    Los resultados del estudio indican que el Gobierno mexicano se ha servido de 11 dependencias para echar a andar una y otra vez el esquema de las empresas ficticias para desviar recursos.

    "Solo al revisar las Cuentas Públicas 2013 y 2014, por ejemplo, (...) detectaron contratos ilegales por 7,670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3,433 millones ($192 millones)", dice el medio.

    Los 7,670 millones de pesos fueron entregados a 186 empresas, "pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen".

    Según la investigación, en este esquema fraudulento estarían involucradas la Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles como titular (2012-2015); el Banco Nacional de Obras, con el actual gobernador electo del Estado de México, Alfredo del Mazo, al frente (2012-2015), y Petróleos Mexicanos (Pemex), en la gestión de Emilio Lozoya (2012-2016).

    El fraude "es más sofisticado" que el que habría usado Javier Duarte, gobernador del estado de Veracruz hoy preso por diversos delitos, ya que el Gobierno no entrega directamente los contratos a las firmas, sino que utiliza como intermediarias a ocho universidades públicas, entre ellas la Autónoma del Estado de México y la de Morelos, según la investigación.

    La publicación indicó que este primer paso ya había sido detectado por la Auditoría Superior de la Federación e incluso lo había calificado de ilegal.