INDIANÁPOLIS — Un juez de Indiana rechazó el jueves una solicitud para bloquear la aplicación de la prohibición estatal del aborto apenas unas horas después de que entrara en vigor.
El fallo se produjo en una demanda presentada por operadores de clínicas de aborto que argumentan que la constitución estatal protege el acceso al procedimiento.
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La jueza especial Kelsey Hanlon no dio ninguna explicación de su decisión con la orden que niega una orden judicial temporal solicitada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Indiana, que representa a las clínicas, pero citó una audiencia judicial programada para el lunes sobre la demanda.
La ACLU dijo en un expediente judicial que permitir que la ley entre en vigor “prohibiría la gran mayoría de los abortos en Indiana y, como tal, tendrá un impacto devastador e irreparable en los demandantes y, lo que es más importante, en sus pacientes y clientes”. La demanda argumenta que la prohibición viola la Constitución de Indiana al infringir el derecho a la privacidad y la garantía de igualdad de privilegios.
La Legislatura de Indiana, dominada por los republicanos, aprobó la prohibición del aborto durante una sesión legislativa especial de dos semanas que finalizó el 5 de agosto, convirtiéndose en el primer estado en hacerlo desde que la Corte Suprema de los Estados Unidos eliminó las protecciones federales contra el aborto al anular Roe vs. Wade en junio.
La prohibición de Indiana incluye excepciones que permiten abortos en casos de violación e incesto antes de la décima semana de embarazo; proteger la vida y la salud física de la madre; y si al feto se le diagnostica una anomalía letal.
Según la nueva ley, los abortos solo se pueden realizar en hospitales o centros ambulatorios propiedad de hospitales, y las siete clínicas de aborto del estado perderán sus licencias para el procedimiento. Cualquier médico que haya realizado un aborto ilegal sería despojado de su licencia médica y podría enfrentar cargos por delitos graves punibles con hasta seis años de prisión.
La oficina del fiscal general del estado aún no ha presentado una respuesta a la demanda en la corte, pero el fiscal general republicano Todd Rokita comentó en un comunicado que “el texto, la historia y la estructura de nuestra Constitución excluyen cualquier argumento serio de que el aborto es un derecho fundamental en nuestro estado.”
No se programa ninguna acción judicial hasta el próximo mes en una demanda separada presentada por la ACLU que afirma que la prohibición entra en conflicto con la ley de libertad religiosa del estado que los republicanos de Indiana aprobaron en 2015 y que provocó una reacción generalizada de los críticos que dijeron que permitía la discriminación contra las personas homosexuales.
El gobernador republicano Eric Holcomb, quien convirtió la prohibición en ley aproximadamente una hora después de su aprobación el mes pasado, dijo el miércoles que esperaba los desafíos de la corte, pero no dudó en apoyar la prohibición.
“Creo que hicimos progresos y averiguaremos si se mantiene en ambas, las dos demandas diferentes”, dijo Holcomb. “Veremos dónde aterrizan en última instancia”.
