Se agregarían más delitos, incluidos algunos no violentos, a una lista que podría descalificar a los acusados en la corte para que no sean puestos en libertad mientras esperan juicio en virtud de la enmienda presentada este miércoles a la controvertida reforma a la justicia penal.
Se trata de aclaraciones al Acta SAFE-T, una actualización radical de las reglas que rigen el tiempo en prisión mientras un acusado espera juicio y del uso de la fuerza por parte de la policía. La reforma también exige más capacitación policial, requiere el uso de cámaras corporales y establece un sistema más definido para las denuncias policiales.
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Como recordamos, la legislación provocó un acalorado debate en torno a la eliminación de la fianza en efectivo en las elecciones de medio término.
La legislación presentada este miércoles por el senador Robert Peters, un demócrata de Chicago, también aclara qué necesita un fiscal para demostrarle a un juez que un acusado es un peligro para los demás y debe ser detenido.
Además, permite a los jueces considerar instancias pasadas en las que un acusado no compareció ante el tribunal al determinar la prisión preventiva y establece un programa de subvenciones para ayudar a los defensores públicos a manejar un aumento esperado de casos.
La ley entra en vigor el 1 de enero de 2023. Los legisladores indicaron que tomarán medidas al respecto antes de que termine su sesión de otoño este jueves.
El Acta SAFE-T, nacida de la indignación por la muerte de George Floyd en Minneapolis en mayo de 2020, ha sido motivo de sospecha desde que se adoptó en las primeras horas de la mañana de una sesión en enero de 2021. Desencadenó la ira de organizaciones policiales que afirmaron que debilitaba su poder y algunos fiscales estatales que creían que permitiría a los criminales peligrosos salir libres después del arresto porque no requiere para una fianza.
Los proponentes de esta medida, basando su trabajo en las recomendaciones de la Comisión de Prácticas Previas al Juicio de la Corte Suprema de Illinois, declararon que la fianza era una “pena para los pobres”. Señalan que un acusado detenido pierde rápidamente su trabajo, sufre la separación de su familia y tiene dificultades para trabajar con un abogado defensor. Y afirman que los acusados con dinero pueden comprar su salida de la cárcel.
Sin embargo, indicaron que la desinformación a menudo ha dominado. El candidato republicano a gobernador Darren Bailey, en un intento fallido de remplazar al gobernador titular J.B. Pritzker, prometió derogar la ley, alegando que instalaría una “puerta giratoria” en las cárceles del estado.
Aun así, los demócratas —incluyendo Pritzker— reconocen que la ley debe modificarse.
La última propuesta agrega a la orden de detención los crímenes de odio, la tortura animal y conducir bajo estado de ebriedad causando gran daño corporal. Los jueces también pueden optar por dejar libres a esos sospechosos.
— Con información de AP
