CHICAGO (AP) — Un hombre del centro de Illinois fue acusado este miércoles de incendiar una clínica de Planned Parenthood a principios de este mes.
Tyler W. Massengill, de 32 años, de Chillicothe, está acusado de “uso malicioso de fuego y un explosivo para dañar e intentar dañar” la clínica en Peoria, según señaló la Oficina del Fiscal Federal en un comunicado.
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La policía de Peoria arrestó a Massengill el martes.
La oficina del fiscal federal indicó en un comunicado que el video de una cámara de seguridad captó a un hombre acercándose al edificio con una botella, encendiendo un trapo en un extremo, rompiendo una ventana y colocando el dispositivo incendiario adentro, antes de huir a pie.
Según los investigadores, Massengill inicialmente negó su responsabilidad, pero luego reconoció haber provocado el incendio. Señaló que su entonces novia abortó hace tres años y eso lo molestó, y pensó que si sus acciones causaban “un poco de retraso” en que una persona recibiera servicios en el centro de salud, [el ataque] habría "valido la pena".
El ataque a la clínica tuvo lugar la noche del 15 de enero, dos días después de que Illinois promulgara una amplia legislación sobre atención de la salud reproductiva destinada a proteger a las pacientes y proveedores de servicios de aborto.
No había pacientes ni personal adentro, pero el incendio causó daños "extensos" que costarán más de $1 millón y obligarán a la clínica a cerrar durante meses para realizar reparaciones, dijo Jennifer Welch, presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood de Illinois.
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“Este acto de vandalismo sin sentido le ha robado a la comunidad el acceso al control de la natalidad, las pruebas de detección de cáncer, la atención de afirmación de género, así como los servicios de aborto con medicamentos”, dijo Welch, describiendo la gama de servicios que brinda la clínica. Y agregó: “Nos complace que se haya realizado un arresto”.
Si es declarado culpable, Massengill enfrenta hasta 40 años de prisión con una sentencia mínima de cinco años. Los cargos también podrían conllevar hasta tres años de libertad supervisada y $250,000 en multas.
