Los fiscales de Guatemala arremetieron de nuevo el viernes contra los resultados de las pasadas elecciones generales y pidieron a un tribunal retirar la inmunidad del presidente electo Bernardo Arévalo señalando que podría haber suficientes irregularidades como para anular los resultados electorales, una medida que la Organización de Estados Americanos condenó como “un intento de golpe” en la nación centroamericana.
Es la tercera solicitud de ese tipo que hace la Fiscalía desde que Arévalo ganó las elecciones en agosto. Está previsto que el presidente electo asuma el cargo el 14 de enero, aunque no estaba claro si los continuos ataques de los fiscales contra él y su partido podrían interferir con la toma de posesión.
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El viernes en conferencia de prensa, la Fiscalía avanzó un paso más en la arremetida al proceso electoral denunciando que hubo supuestas irregularidades en algunas actas que registraron los resultados de las elecciones, lo cual, dijo, podría dar lugar a anularlos.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) respondió casi de inmediato señalando que los resultados electorales son inalterables.
“Los resultados están validados, oficializados y las personas (que ganaron sus cargos) están debidamente acreditadas y deben tomar posesión el 14 de enero, de lo contrario hay rompimiento del orden constitucional", advirtió la magistrada presidenta de ese órgano, Blanca Alfaro.
La fiscalía anunció los resultados de su investigación contra el Movimiento Semilla, el partido que llevó a ganar la presidencia a Arévalo y dijo que solicitó el retiro de su inmunidad para investigarlo por la supuesta falsedad de documentos en la constitución de Semilla porque tenía conocimiento de las falsificaciones de firmas cuando se creó la fuerza política.
El Ministerio Público también busca que sea desaforado para investigarlo por lavado de dinero presuntamente al no registrar los ingresos al partido.
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La Fiscalía también solicitó dos acciones para retirar la inmunidad del diputado Samuel Pérez, jefe de la bancada del partido, bajo las mismas acusaciones.
La fiscal Leonor Eugenia Morales que investiga el caso dijo que, algunas ilegalidades son faltas de coincidencias en algunas actas usadas por no ser los mismos formatos aprobados por los magistrados electorales, se trata de las actas que registraron los resultados de presidente, vicepresidente, alcaldes, diputados y diputados al Parlamento Centroamericanos, las cuales dijo son “nulas en derecho”.
Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, dijo que el máximo órgano electoral es el que debe resolver la situación en el tema. “Acá fueron afectados todos los partidos políticos y todos los candidatos de todas las elecciones. Será entonces el Tribunal Supremo Electoral el que tomará la decisión al respecto”, explicó Curruchiche.
En la conferencia de prensa también estuvo el secretario general de la fiscalía Ángel Pineda, quien atacó a la comunidad internacional, que ha expresado preocupación por la judicialización que realiza la fiscalía del proceso electoral.
“Hemos rechazado y siempre rechazaremos de forma enérgica cualquier insinuación abusiva a través de la intromisión de entes o personas extranjeras que tengan el ilegal propósito de dejar de investigar los delitos que por mandato legal estamos obligados a esclarecer”, dijo Pineda, que ha sido sancionado por el gobierno estadounidense por socavar la democracia guatemalteca y obstruir la lucha anticorrupción.
Por su parte, el secretario general de OEA, Luis Almagro, condenó en un comunicado lo que calificó como un “intento de golpe de Estado por parte del Ministerio Púbico de Guatemala”.
“Las acciones y dichos de los fiscales Rafael Curruchiche y Leonor Morales constituyen una alteración del orden constitucional del país, quebrantamiento del Estado de Derecho y una violación de los derechos humanos de la población”, agregó.
Con estas dos acciones suman tres las solicitudes de retiro de la inmunidad de Arévalo. La primera fue por la publicación de mensajes en la red social X, antes llamada Twitter, en los que apoyaba la toma de una universidad por parte de estudiantes que protestaban por la elección del rector.
La Fiscalía mantiene una arremetida contra el proceso electoral, Arévalo y el Movimiento Semilla, así como contra unos 150,000 ciudadanos que recibieron, contaron y resguardaron los votos de las elecciones generales.
Varios gobiernos se han sumado a rechazar las acciones de la Fiscalía. El presidente colombiano Gustavo Petro dijo: “Estamos frente a un golpe de estado en Guatemala. La OEA debe actuar de inmediato. Todo el apoyo al pueblo guatemalteco. Una fiscalía que ha encubierto el narcotráfico y la corrupción actúa contra la democracia”, dijo en su cuenta de “X”.
El gobierno español dijo en un comunicado de prensa que “El Gobierno de España rechaza las actuaciones protagonizadas por el Ministerio Público de Guatemala que atentan contra la democracia y suponen una grave violación de la voluntad del pueblo guatemalteco”.
