La masiva ley de reforma de la justicia penal de Illinois sobrevivió fuertes ataques durante la campaña electoral de 2022 y a un renovado foco de atención cuando los legisladores regresaron a Springfield hace unas semanas.
Ahora, la controvertida Acta SAFE-T se enfrenta a una nueva prueba en los tribunales. Los opositores argumentan que la Asamblea General volvió a violar la Constitución estatal cuando al emendar la legislación a principios de mes.
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El juez de la corte de circuito del condado de Kankakee, Thomas W. Cunnington, escuchará los argumentos el 20 de diciembre sobre los reclamos presentados en aproximadamente 60 demandas, ahora combinadas, de fiscales y alguaciles de todo el estado.
Lo hará menos de dos semanas antes de que la pieza central de la ley, la eliminación de la fianza en efectivo, entre en vigor el 1 de enero. Al iniciarse el año, los jueces van a decidir si los acusados serán encarcelados. mientras esperan el juicio en función de su presunto delito y si representan una amenaza o es probable que huyan.
Los partidarios indican que la ley pretende abordar problemas de seguridad pública, la desconfianza policial y un sistema que permite a los acusados con dinero salir de la cárcel.
Aunque es poco probable que las enmiendas recientes afecten seriamente el litigio, una nueva demanda presentada confirma que los opositores todavía ven la ley como “repleta de tantas violaciones constitucionales fundamentales que no se puede remediar”.
El caso ante Cunnington probablemente será el primero de muchos desafíos legales al Acta SAFE-T. La demanda plantea algunas de las mismas preguntas que llevaron a los legisladores a aprobar cambios el 1 de diciembre. Pero, en esencia, la demanda gira en torno a si la ley se alinea con la Constitución de Illinois, tanto en su contenido como en su aprobación.
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La demanda alega que el Acta SAFE-T viola la separación de poderes y aborda indebidamente múltiples temas. Afirma que los legisladores que aprobaron la ley violaron una regla que les exige leer los proyectos de ley “en tres días diferentes” en cada cámara legislativa. Incluso alega que el Acta SAFE-T modificó indebidamente la Constitución estatal.
Pero quizás la pregunta más interesante planteada por la demanda gira en torno a una parte de la Constitución que dice que “todas las personas serán sujetas a fianza con garantías suficientes”, con algunas excepciones.
Una excepción es cuando los acusados se enfrentan a cadena perpetua. Otra es cuando se les acusa de ciertos delitos graves y un juez ha determinado que representan una “amenaza real y presente para la seguridad física de cualquier persona”.
Los abogados de los alguaciles y los fiscales han insistido que "la Constitución de Illinois interpreta que la fianza, en esencia, incluye una cantidad monetaria que, aunque puede tomar diferentes formas, no puede abolirse por completo sin entrar en conflicto con la Constitución".
Los abogados estatales señalan que sus oponentes han leído mal el documento. Los legisladores intentaron aclarar las cosas a principios de este mes, enmendando la ley para señalar que las "garantías" en cuestión están destinadas a ser "de naturaleza no monetaria".
Aun así, eso no cambia el significado "en la Constitución misma", señalaron los opositores en un nuevo documento.
Los partidarios del Acta SAFE-T han señalado que, bajo el sistema actual, las personas a menudo salen de la cárcel bajo su propia responsabilidad, sin pagar una fianza.
Sin embargo, los opositores llaman a eso una “pista falsa”, insistiendo en que los jueces “no pueden ser privados de la capacidad de imponer una fianza monetaria”.
—Información del Chicago Sun-Times
