En una entrevista con el programa "60 Minutes" de CBS difundida el domingo, Trump dijo que la política contra la inmigración no autorizada se enfocará principalmente en los delincuentes.
"Vamos a ocuparnos de los delincuentes con antecedentes delictivos, de los pandilleros y los vendedores de drogas", afirmó. "Hay mucha gente como esa, probablemente 2 millones de personas, tal vez 3 millones. Los vamos a sacar del país o los vamos a encarcelar".
Insistió: "Los vamos a sacar del país. Están aquí ilegalmente".
El Departamento de Seguridad Nacional se ha manejado con el mismo criterio bajo el gobierno de Obama. Desde el 2010, más de la mitad de los deportados fueron gente con antecedentes delictivos. Y a lo largo de su presidencia fueron deportadas más de 2.5 millones de personas.
Trump no aclaró el domingo cómo pillará a los delincuentes. Anteriormente había hablado de reanudar programas que dan a los agentes del servicio de inmigración permiso para ingresar a las cárceles e identificar a las personas que viven en el país sin autorización.
Sin embargo, si lo intenta, es probable que las autoridades locales se opongan. Las leyes locales en algunos lugares prohíben la cooperación con las autoridades de inmigración. Y algunos fallos de cortes federales hacen que resulte difícil a las cárceles locales retener a los inmigrantes mayor tiempo al de sus condenas o porque hayan violado las leyes de inmigración.
Es más complejo todavía deportar inmigrantes que han infringido la ley pero que no están presos. Muchos viven en las sombras y detectarlos requeriría mucho tiempo y dinero.
Cada deportación cuesta unos $12,500 dólares, según cifras de 2011 calculadas por el gobierno.
¿2 o 3 millones de inmigrantes delicuentes?
La cuenta de Trump es probablemente muy exagerada. En el 2012, funcionarios de seguridad nacional calcularon que hay unos 1.9 millones de inmigrantes delincuentes que podrían ser deportados. Pero el gobierno no aclaró cuántos de ellos están en el país sin permiso.
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Un análisis posterior del Migration Policy Institute (Instituto de Políticas Migratorias), un grupo de estudios de Washington, concluyó que hay solo 820,000 inmigrantes sin permiso de residencia que han cometido delitos. El otro millón más o menos tenía estatus legal, incluidas visas, permisos de residencia y otros permisos.
Es posible deportar a personas con tarjeta "verde" de residencia, pero es un trámite que puede exigir un prolongado proceso legal.
