MEXICO - El líder izquierdista Andrés Manuel López Obrador y su partido interpusieron formalmente el jueves por la noche una solicitud de invalidez de los resultados de la elección presidencial del 1 de julio, acusando que hubo compra de votos y excesivo gasto en la campaña por parte del ganador del conteo oficial.
Ricardo Monreal, coordinador de la campaña de López Obrador, y Jesús Zambrano, presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentaron la petición junto con por lo menos 20 cajas que contenían presuntas pruebas de compra de votos por miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El tribunal tiene hasta principios de septiembre para atender cualquier inpugnación y decidir si valida la elección presidencial en la cual el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, terminó primer con un poco más del 38% de los votos.
López Obrador también que la próxima semana dará a conocer un "plan nacional para la defensa de la democracia y de la dignidad de México", aunque no dijo en qué consistiría ni si incluiría alguna protesta o bloqueo callejero, como ocurrió después de la elección presidencial de 2006.
Monreal aseguró posteriormente que el plan no incluiría bloqueos, pero evitó dar detalles.
"Llamo a todos los mexicanos a no permitir que se viole impunemente la Constitución; llamo a todos los mexicanos a que no se cancele en los hechos la vía democrática", dijo. "Siempre actuaremos por la vía pacífica, no daremos ningún pretexto para que los violentos nos acusen de violentos".
El izquierdista dijo que el PRI alineó a sus gobernadores estatales a lo largo y ancho del país para que obtuvieran votos "a como diera lugar", además de que se puso en marcha una operación de compra de votos de los ciudadanos a través de dinero en efectivo, tarjetas de prepago, despensas, materiales de construcción y fertilizantes.
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"En unas elecciones libres, la mayoría de estos ciudadanos no hubieran votado por Enrique Peña Nieto", aseguró.
Añadió que Peña Nieto también se vio favorecido por televisoras como Televisa y por encuestas "hechas a modo" para usarlas como propaganda y confundir a la gente.
A lo largo de la campaña, las encuestas mantuvieron a Peña Nieto en un constante primer lugar y algunas señalaron hasta el final que llevaba una ventaja de hasta dos dígitos respecto a López Obrador. Sin embargo, el conteo de la elección dio una ventaja de apenas poco más de 6 puntos porcentuales entre ambos candidatos.
López Obrador dijo que tiene testimonios y pruebas de que se compraron unos cinco millones de votos.
También aseguró que hubo boletas electorales marcadas con anticipación a favor del PRI para ser introducidas en las urnas el día de la votación -1 de julio- y mostró la que dijo era un ejemplo.
El presidente del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, rechazó los señalamientos de López Obrador y dijo que su partido acudirá al tribunal a defender la legalidad de su triunfo.
"Lanza acusaciones sin fundamento, ofendiendo la dignidad de millones de mexicanos... a quienes descalifica con la supuesta venta de votos", dijo en un mensaje a la prensa posterior al anuncio de López Obrador.
Monreal refirió que entre los agravios sostenidos en su impugnación está la inequidad en el trato de los medios de comunicación, el que el PRI haya rebasado el tope de gastos de campaña, el uso de encuestas como propaganda, además de actos de presión y compra del voto.
Dijo que las pruebas que presentarán les fueron aportadas en su mayoría por ciudadanos.
Por ejemplo, señaló que la mañana del jueves recibieron un documento notariado con testimonios de personas que recibieron tarjetas prepagadas para votar por el PRI "y donde expresan su arrepentimiento" por el dinero que recibieron y que habría sido de 1.000 pesos para cada una de ellas.
Jaime Cárdenas, del Partido del Trabajo, aseguró que a pesar de que el tope de gastos de campaña por candidato era de 336,1 millones de pesos (unos 25 millones de dólares) Peña Nieto lo habría rebasado en 4.263 millones de pesos (unos 318 millones de dólares).
López Obrador fue postulado a la presidencia por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en alianza con otros dos partidos minoritarios de izquierda: el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano.
A diferencia del 2006, cuando al quedar en segundo lugar de la votación se lanzó a las calles y tan sólo en la ciudad de México bloqueó por seis semanas una importante vialidad, hoy analistas ven a una izquierda más madura que preferirá mantener su oposición en los canales institucionales en lugar de las plazas públicas.
Para René Torres Ruiz, de la Universidad Iberoamericana, el que la izquierda haya anunciado que recurrirá a los instrumentos constitucionales para impugnar, "nos están mandando un mensaje de que se apegarán a la legalidad".
"Creo que la izquierda reconoce que esa posición extrema a la que llegaron en 2006 no les hizo mucho bien frente a los ojos de los electores", dijo Torres a The Associated Press.
México vota por presidente cada seis años y está prohibida la reelección.
"Creo que habrá un PRD diferente después de las elecciones y ese PRD más bien estará apuntándole a 2018", dijo a la AP Virgilio Bravo, profesor del Tecnológico de Monterrey, para quien hay algunas figuras dentro del mayor partido de izquierda menos proclives a promover manifestaciones, como el alcalde capitalino Marcelo Ebrard.
Para Bravo, es posible incluso que el propio López Obrador asuma una actitud menos beligerante que la de 2006, cuando no sólo desconoció el triunfo entonces del conservador Partido Acción Nacional (PAN), sino que se autoproclamó "presidente legítimo".
"Hoy pudiéramos ver a un López Obrador mucho más maduro, mucho menos belicoso que en el 2006; más institucional, porque finalmente habrá madurado algo en el camino", dijo.
El PRI, según la votación, regresará al poder tras 12 años de su primer derrota en la presidencia luego de siete décadas.
El PRI fue derrotado por primera vez en el 2000 por el PAN, que ha gobernado por dos periodos continuos.
La consecuencia de declarar la invalidez es que se tendrían que realizar nuevas elecciones, algo que no todos ven como factible ante lo que consideran una dificultad para reunir las pruebas, por ejemplo, de la compra de votos.
Por ejemplo, la fiscal para delitos electorales de la Procuraduría General de la República, Imelda Calvillo, dijo que hasta ahora no cuenta con testimonios de personas que hayan declarado que dieron su voto a cambio de un pago.
La semana pasada, algunas personas dijeron a medios, incluida The Associated Press, que habían recibido tarjetas prepagadas de un supermercado obsequiadas por el PRI.
"Es difícil, lo sabemos, que tengamos a estas personas declarando ante el Ministerio Público y que reconozcan que ellos comprometieron su voto", dijo la fiscal Calvillo al diario Reforma.
El tribunal electoral será el responsable de resolver cualquier impugnación y tiene hasta principios de septiembre para dar su fallo y determinar si valida o no la elección que dio el triunfo a Enrique Peña Nieto, del PRI, con un 38,21% de la votación.
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