La familia de Anastasio Hernández, el inmigrante indocumentado que murió como consecuencia de una paliza recibida por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza, no terminó completamente para los familiares, que este jueves recibieron un millón de dólares como indemnización, pero que siguen a la espera de la justicia.
Este jueves, su viuda María Puga recibió el pago de un millón de dólares como parte del acuerdo extrajudicial con el gobierno de Estados Unidos, pero la mujer sostiene que eso no es suficiente. “no es justicia, sino una marca vergonzosa…nunca olvidaré a mi esposo ni mis hijos a su padre, ninguna familia debería pasar por lo que pasamos, no debe haber más casos como el de Anastasio”.
Hernández, quien vivió en San Diego durante veinte años antes de ser deportado, falleció en mayo de 2010 luego de recibir golpes y descargas eléctricas por parte de agentes fronterizos de California, en una agresión que quedó lo suficientemente documentada en cámaras de video como para obtener una condena sobre los agresores.
Sin embargo, el Departamento de Justicia federal de Estados Unidos no presentó cargos por violación de derechos civiles contra los agentes involucrados en la detención del migrante, al parecer por falta de evidencia. Ante esto, María Puga respondió que "no es justicia, sino una marca vergonzosa…nunca olvidaré a mi esposo ni mis hijos a su padre, ninguna familia debería pasar por lo que pasamos, no debe haber más casos como el de Anastasio”.
Anastasio Hernández murió mientras trataba de regresar a territorio estadounidense para reunirse con su familia, después de haber sido deportado. En aquel entonces, la agresión fue documentada por testigos, que luego declararon en el proceso, describiendo la crueldad con la cual se le trató.
