Desmantelan el ”cartel de los gansos”

Desmantelan el ''cartel de los gansos''

Como una “organización de gansos” calificó el jueves el director del Negociado Federal de Investigaciones Carlos Cases a los cinco arrestados por supuestamente ponerse de acuerdo para violar la Ley de Monopolios y defraudar al Departamento de Educación en los contratos de transporte de estudiantes en el municipio de Caguas.

“Estos cinco acusados mencionados en el pliego acusatorio formaban parte de un Cartel, Cartel que yo llamaría el Cartel de los Gansos. Estos cinco sujetos no solo conspiraron para defraudar al municipio de Caguas y al Departamento de Educación, sino también a los miles de puertorriqueños decentes, trabajadores que pagan contribuciones para poder darnos a todos un Puerto Rico mejor”, dijo Cases en conferencia de prensa.

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El director del FBI alegó que utilizó el término “ganso”, por la connotación que en Puerto Rico se le da a esa palabra para referirse a “una persona que se pasa de listo”.

“Yo le añadiría que son unos buscones, chanchulleros, oportunistas y mercaderes del sufrimiento de los más necesitados”, agregó.

La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez explicó que Gavino Rivera Herrera, Luciano Vega Martínez, Alfonso Gonzales Nevarez, José Arroyo Quiñones y René Garay Rodríguez supuestamente se reunieron en el año 2013 para acordar y discutir los precios y como se iban a distribuir los contratos de transportación escolar, una vez se le adjudicara la subasta.

“Acordaron distribuirse las rutas y no competir. Tenían que aparentar que había competencia para disimular que había una subasta legitima y tenían que inflar los precios en sus contratos y así asegurarse de que no iban a ganarle la ruta otras personas”, explicó.

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Mencionó que los transportistas supuestamente en dicha reunión acordaron inflar los precios para luego bajarlos cuando renegociaran los contratos con el municipio de Caguas. Los contratos tenían duración de cuatro años y estaban valorados en 3.5 millones de dólares, cada uno.

La investigación de las autoridades federales se dio luego de un referido de la Oficina de la Contralora.

Los siete cargos contra los cinco transportistas incluyen conspiración para cometer fraude al Correo de los Estados Unidos. Se alega que los transportistas utilizaron el correo para recibir las cartas de adjudicación de la subasta.

De ser hallados culpables, los transportistas podrían enfrentar hasta 20 años de prisión y una multa de un millón de dólares por persona.

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