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Nicaragua reanuda diálogo bajo amenazas de sanciones de UE

El Parlamento Europeo volvió a demandar a Ortega la liberación incondicional de los detenidos considerados presos políticos (unos 770, según la oposición)

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    MANAGUA — El gobierno y la oposición de Nicaragua reanudaron este jueves el diálogo en medio de amenazas de “sanciones selectivas” aprobadas por el Parlamento Europeo contra funcionarios y allegados al presidente Daniel Ortega, señalados por graves violaciones a los derechos humanos.

    La resolución aprobada por 332 votos contra 25 y 39 abstenciones pide al Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea y a los países miembros aplicar sanciones individuales --como prohibición de visas y congelamiento de activos-- a “individuos responsables de abusos de los derechos humanos” en Nicaragua.

    El Parlamento Europeo volvió a demandar a Ortega la liberación incondicional de los detenidos considerados presos políticos (unos 770, según la oposición), así como el fin de la represión y del hostigamiento a los adversarios del gobierno.

    Los eurodiputados exigieron la restitución de la personalidad jurídica a una decena de organizaciones no gubernamentales que fueron proscritas en diciembre, entre éstas, ONG que trabajan en salud, desarrollo rural y derechos humanos. Asimismo, solicitaron activar la “cláusula democrática” del Acuerdo de Asociación que une a Nicaragua con la Unión Europea, la cual condiciona sus nexos con terceros países al respeto de tratados internacionales y derechos humanos. De no hacerlo, se podrían suspender las relaciones comerciales y de cooperación entre el país y la UE, su tercer socio comercial.

    Mientras tanto, en Managua se reanudaron las negociaciones entre el gobierno y la Alianza Cívica, que se habían suspendido la semana pasada, para intentar resolver la crisis política que estalló con protestas sociales en abril de 2018.

    Si bien la oposición había condicionado su regreso al diálogo a la “liberación total e inmediata” de todas las personas detenidas, una parte de la Alianza aceptó el miércoles una propuesta de Ortega para excarcelar “un núcleo apreciable” a cambio de la reanudación de las conversaciones.

    El catedrático Carlos Tunnermann, uno de los negociadores de la Alianza Cívica, dijo a periodistas que el enviado de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla, y el nuncio apostólico, Waldemar Sommertag, están actuando como testigos y acompañantes de la negociación, que se reinició después de cuatro días de parálisis.

    Los delegados del gobierno “no se quisieron comprometer con un número (de prisioneros a liberar), pero será un número apreciable”, aseguró Tunnermann. Aclaró que inicialmente saldrán bajo libertad condicional y agregó que una parte de lo acordado, en presencia del enviado de la OEA y del nuncio apostólico, es la formación de una comisión que elaborará un cronograma para asegurar “la salida ordenada de todos los presos políticos”.

    El acuerdo publicitado por el gobierno generó protestas de algunos miembros de la Alianza, incluyendo los representantes estudiantiles, que se negaron a reintegrarse hoy jueves al diálogo.

    “Los estudiantes quieren ver hechos y tienen razón. El pueblo y la Unión Europea también, pero primero hay que poner el tema en la mesa, ésta es la primera etapa”, declaró el político José Pallais, otro de los negociadores de la oposición, quien confirmó la ausencia de los universitarios en la mesa.

    “El gobierno se ha comprometido por escrito, por primera vez, a liberar a los presos políticos (….) Vamos a conseguir sacar a todos los presos políticos, su liberación está en el centro de la mesa” de negociaciones, dijo el ex vicecanciller liberal, quien pidió tener “paciencia” y “confiar” en sus gestiones.

    A una pregunta de AP, Pallais descartó que el rechazo de los estudiantes pueda provocar una fractura en la coalición opositora. “La Alianza está unida y hay compromiso de mantener esa unidad”, subrayó.

    La crisis en Nicaragua estalló el 18 de abril pasado con una protesta estudiantil que se multiplicó tras la violenta acción de la policía y los paramilitares, la cual dejó al menos 325 muertos y 2.000 heridos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

    El gobierno reconoció 198 muertos y otras ONG elevan la cifra hasta 545.