Las hermanas indígenas Ana, Beatriz y Celia González protestaron este martes, apoyadas por organizaciones civiles y religiosas, ante un cuartel del Ejército en reclamo de justicia por la violación que sufrieron hace 25 años por militares mexicanos en el estado de Chiapas.
Con consignas de ¡justicia! y ¡Por la paz!, fueron desplegadas mantas y cartulinas en la entrada del cuartel para reclamar el fin de la impunidad en la violación de estas tres hermanas indígenas tzeltales ocurrido el 4 de junio de 1994.
A 25 años del hecho, las hermanas protestaron casi una hora en la entrada del cuartel militar de San Cristóbal de las Casas junto a miembros de la organización Las Abejas, el servicio para La Paz, observadores internacionales y sacerdotes de la diócesis local y el Comité Ciudadano por la Defensa Popular (Cocidep).
Las hermanas pidieron justicia y castigo a los responsables de su violación así como reconocimiento público de la responsabilidad y reparación integral por el daño causado e hicieron un llamado al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para que atienda su demanda de justicia.
El 4 de junio de 1994, en el municipio de Altamirano, Chiapas, miembros del Ejército Mexicano detuvieron arbitrariamente a las tres hermanas y a su madre, Delia Pérez de González, a quien obligaron a presenciar como las golpeaban, torturaban y las violaban.
Su detención, que ocurrió cuando las tres eran menores de edad, se dio en el marco de las acciones militares de baja intensidad contra el rebelde Ejército Zapatista de Liberación (EZLN), que se había levantado en armas en enero de 1994.
La abogada de las hermanas, Gloria Guadalupe Ruiz, aseguró que este caso fue llevado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), donde se convirtió en un caso emblemático al ser el primero en el que se condenó al Estado Mexicano.
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"Fue una de las primeras veces que se le encontró responsable al Estado por violación a los derechos humanos donde hay responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional", recordó la abogada.
La organización Amnistía internacional se solidarizó con las tres hermanas al cumplirse 25 años del ataque del cual fueron víctimas y lanzó un llamado al gobierno de México para que por fin haga justicia y la reparación integral del daño.
Las hermanas denunciaron la violación el 30 de junio ante la Procuraduría General de la República, la cual trasladó la investigación a la Procuraduría de Justicia Militar en septiembre de 1994, dependencia que archivó el expediente.
En 1996, el caso fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que lo admitió en 1999 y en abril del 2001 señaló al Estado mexicano como responsable y le ordenó investigar los hechos fuera del ámbito militar.
En el 2010, el gobierno del estado de Chiapas les ofreció a las hermanas una compensación de 500,000 pesos (unos $25,601) como reparación del daño, además de seguro médico y becas de estudio para ellas y sus hijos.
