CIUDAD DE MEXICO — Una Corte Federal de Estados Unidos notificó a fabricantes y distribuidores de armas de ese país sobre la demanda que presentó a inicios de mes el gobierno mexicano en la que los señala de incurrir en prácticas comerciales negligentes e ilegales que han provocado un gran derramamiento de sangre en México.
El inicio del proceso fue considerado por el canciller mexicano Marcelo Ebrard como “un primer gran paso”.
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El canciller difundió el registro de las citaciones a Beretta USA Corp, Colt’s Manufacturing, Glock Inc., Smith & Wesson Brands, Sturm Ruger & Co, Witmer Public Safety Group y Barret Firearms Manufacturing, que tienen 60 días para responder.
Ebrard dijo en un mensaje de su cuenta de Twitter que la Corte Federal en Massachusetts ”aceptó el litigio” y agregó que “ahora vienen la notificación y el proceso legal”.
A comienzos de agosto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó una demanda contra fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses en un tribunal federal de Boston con la que México busca poner fin a los daños masivos generados por el tráfico ilegal de armas y una compensación económica millonaria por parte de las empresas.
Entre los demandados están algunos de los mayores fabricantes de armas, como Interstate Arms, un mayorista de la zona de Boston que vende armas de todos menos uno de los fabricantes a tiendas minoristas de Estados Unidos.
El gobierno mexicano sostiene que las empresas saben que sus prácticas contribuyen al tráfico de armas a México y lo facilitan.
La acción judicial señala que su objetivo es “poner fin a los daños masivos que causan los acusados al facilitar activamente el tráfico ilegal de sus armas a los cárteles de la droga y otros criminales en México”. Además, refiere que la amplia mayoría de las armas recogidas en escenas de crímenes en México provienen de Estados Unidos.
DETRÁS DEL TRÁFICO DE ARMAS
México calcula que el 70% de las armas traficadas al país provienen de Estados Unidos, según la Secretaría de Relaciones Exteriores. En 2019, según estimaciones de la cancillería, al menos 17,000 homicidios estuvieron vinculados con esas armas.
La Fundación Nacional de Tiro Deportivo (NSSF, por sus siglas en inglés) rechazó en un comunicado que la industria realice prácticas comerciales “negligentes”, como sostiene México.
Las autoridades mexicanas estiman que los daños provocados por las armas traficadas equivaldría a entre 1.7% y 2% del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano. El gobierno pedirá una compensación de al menos $10,000 millones, dijo. El PIB mexicano fue de $1.2 billones el año pasado.
La venta de armas de fuego está estrictamente limitada en México y controlada por la secretaría de la Defensa. Sin embargo, desde hace años las autoridades sostienen que los cárteles de la droga introducen miles de armas de contrabando, principalmente desde Estados Unidos.
En agosto de 2019, un hombre mató a tiros a 23 personas, incluidos ciudadanos mexicanos, en un supermercado Walmart en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas. Ebrard dijo en ese entonces que el gobierno estudiaría sus opciones legales.
