En tres años, gran parte del territorio de Michoacán se convirtió en un campo de batalla que causó 3,500 víctimas directas, entre muertos, desaparecidos, secuestrados y desplazados, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El organismo que preside Raúl González difirió del gobierno federal sobre los resultados de los programas que buscan pacificar a la región, detonada por la corrupción y la violencia que generó la presencia de grupos criminales como los Caballeros Templarios y las Autodefensas.
González dijo que los avances para pacificar ese estado son insuficientes, ya que en muchas zonas la seguridad sigue dependiendo de los grupos de autodefensa.
"Si bien ha habido avances en ese sentido, todavía es insuficiente" pues sigue habiendo grupos de autodefensa y "no puede sustituirse la responsabilidad de las autoridades en función de grupos de particulares", dijo González.
Por lo menos, documentaron que hay 500 desplazados, 440 asesinados, 524 secuestrados y el nivel de deserción escolar alcanzó un 60 por ciento.
El Estado mexicano "no puede renunciar a lo que es su atribución constitucional para garantizar a los ciudadanos condiciones de convivencia pacífica", agregó en la presentación un informe sobre las autodefensas en Michoacán y las violaciones a los derechos humanos relacionadas con el conflicto.
El documento fue elaborado a partir de visitas a 77 municipios michoacanos, la mayoría durante el 2014, los que se detectó la existencia de grupos de autodefensa en 33 de ellos.
Historias Destacadas
Estos grupos surgieron en febrero de 2013 ante el recrudecimiento de la violencia en los últimos años en Michoacán por las acciones del cártel de Los Caballeros Templarios y pronto comenzaron a expandirse por todo el estado.
Ello llevó al gobierno federal a intervenir en Michoacán a principios de 2014 para recuperar el control del territorio y poner fin al vacío de autoridad. Unos meses después legalizó los grupos de autodefensa bajo la figura de agentes de la Fuerza Rural.
El informe presentado el jueves está dirigido a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), al Gobierno y Congreso del estado, a los ayuntamientos y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
La CNDH explicó que en el trabajo de campo se advirtieron violaciones a los derechos humanos de la población, a la seguridad y la paz pública, a la vida, a la libertad, al trato digno, a la libertad sexual, a la propiedad y al acceso a la justicia, así como a derechos sociales como la educación.
"Este organismo nacional observa que, si bien el Gobierno federal en coordinación con el estatal ha asumido diversas acciones para la recuperación del Estado de Derecho y de la promoción del desarrollo, las causas que dieron origen al presente conflicto deben atenderse con mayor intensidad", apunta el documento.
Estos orígenes, agrega, son la falta de oportunidades y desarrollo, en particular en las zonas rurales de la entidad; la ausencia de métodos de control y supervisión de las autoridades municipales y estatales por parte de las autoridades competentes, así como una reestructuración del aparato judicial.
Además de hacer un análisis de la evolución de las autodefensas y del conflicto existente en Michoacán, la CNDH hace una serie de recomendaciones, 55 en total, dirigidas a los órganos antes mencionados.
Así, a la PGR le recomienda realizar un diagnóstico de la procuración de justicia federal en la entidad e implementar un programa especial para investigar denuncias de quienes fueron víctimas de Los Caballeros Templarios y de las autoridades corruptas.
Además, sugiere iniciar las investigaciones necesarias en coordinación con el gobierno del estado para determinar el financiamiento de los grupos de autodefensa, el origen de las armas de fuego de uso exclusivo del Ejército que utilizaron y la vinculación de sus miembros con grupos de delincuencia organizada.
