Al menos una ejecución extrajudicial y el uso excesivo de la fuerza por parte de unos 331 agentes de la Policía Federal durante los hechos ocurridos en Apatzingán, Michoacán, fueron acreditados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Las conclusiones de la investigación sobre lo sucedido el 6 de enero echan por tierra la versión oficial de que los 12 muertos fueron consecuencia de un enfrentamiento contra civiles armados, identificados como miembros del grupo de autodefensas comandados por Luis Antonio Torres, “El Americano”.
El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, presentó los resultados de la investigación sobre el desalojo de la presidencia de Apatzingán, que derivó en un enfrentamiento, y contradicen las versiones anteriores.
En abril, el entonces comisionado para la Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, aseguró que las nueve víctimas dieron positivo a las pruebas de radizonato de sodio, además que existía la posibilidad de que algunas de ellas hubieron muerto durante el fuego cruzado.
Pero González Pérez dijo que los informes de la Policía Federal presentan imprecisiones respecto de los hechos que motivaron ese desalojo, así como de circunstancias de tiempo y modo del operativo realizado.
En el informe dado a conocer, la versión de que en el enfrentamiento murieron siete niños y un bebé de cuatro meses no fueron acreditados.
El organismo emitió una recomendación al comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, para que colabore en la denuncia y queja que se presente por las violaciones graves que provocaron cinco muertes y una ejecución extrajudicial.
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Además, por la privación de la vida de una persona encontrada en el estacionamiento del palacio municipal; por las manifestaciones de 10 detenidos en lugares distintos al estacionamiento de un costado de dicho inmueble, así como por las lesiones innecesarias infligidas a cinco civiles.
La comisión también presentó diversos exhortos al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos; al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y al alcalde de Michoacán, César Chávez.
Entre elos, la reparación del daño por el trato cruel, inhumano y degradante en agravio de una persona que se arrodilló ante personal militar que le tomó fotografías.
