MEXICO -- La muerte de 22 presuntos criminales a manos de militares dio un giro con la detención de un oficial y siete soldados acusados de violaciones a las normas castrenses, en lo que para algunos es un movimiento para intentar controlar los efectos causados por versiones que han puesto en entredicho la versión oficial de que todos fallecieron en un enfrentamiento.
Los ocho militares permanecen detenidos en una prisión castrense de la capital, aunque el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, consideró que en caso de que se confirme una conducta irregular sería una "excepción" y no un comportamiento generalizado del Ejército.
Mientras, la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó un reporte sobre los motivos de la detención, dijo el viernes Marat Paredes, visitador del organismo, a The Associated Press.
"Entendemos que esta detención se da en el ámbito de infracción a deberes de la disciplina militar y hemos solicitado información al respecto", dijo Paredes, quien desde la Comisión encabeza una investigación propia sobre lo sucedido el 30 de junio en San Pedro Limón, una comunidad de Tlatlaya, cuando el Ejército reportó que 22 presuntos delincuentes murieron y un soldado resultó herido tras supuestamente responder a una agresión.
Sin embargo, una mujer que afirma haber estado en el lugar de los hechos, dijo hace unos días a la AP que sólo una persona habría muerto en el tiroteo inicial y que luego los soldados habrían matado a los 21 restantes cuando ya se habían rendido, incluida su hija de 15 años, Erika Gómez González, quien yacía herida en el suelo.
La testigo no pudo ser inmediatamente contactada para conocer su opinión sobre los arrestos.
"En lo inmediato parecería un control de daños... tratar de contener el asunto en el sistema de justicia militar", dijo a la AP Alejandro Hope, experto en seguridad y ex funcionario de la agencia de inteligencia mexicana, que ha sostenido que el caso abre la oportunidad a las autoridades para demostrar luego de una investigación exhaustiva que México es un país en el que prevalece el estado de derecho y no donde un escándalo queda como una anécdota más.
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"Se ha vuelto un caso icónico" que "requiere una investigación exhaustiva, puntillosa de este asunto", agregó.
En una comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados, el secretario de Gobernación defendió al Ejército.
"Si sucediera que hay algo que señalar respecto a la actuación de este grupo de miembros del Ejército Nacional, será la excepción... una acción aislada y no el comportamiento de nuestro gran Ejército y de la Marina Armada de México", dijo Osorio.
El diario nacional La Jornada publicó el viernes varias fotografías de cuerpos ensangrentados, supuestamente tomadas justo después de un tiroteo, en las que aparecen investigadores y militares en el lugar donde ocurrió la supuesta confrontación entre el Ejército y presuntos delincuentes.
Las fotos muestran manchas de sangre en una pared, marcas donde se señala evidencia y escombros que coinciden con las imágenes que fueron tomadas por reporteros de la AP, después de que las muertes fueron reportadas públicamente por el Ejército.
Entre las fotografías publicadas aparece una chica que yace sobre su espalda, en la manera como la testigo describió a su hija. Su hermano la identificó como Erika, de quien reconoció detalles de su ropa.
"Esa playera yo se la compré", dijo Saddam Guzmán Gómez. "No es cierto que disparara. Le pusieron el arma. Se ve como que se arrastró", añadió sobre la imagen donde aparece la adolescente.
Muchos de los muertos aparecen acostados junto a la pared de la bodega donde, según la testigo, 21 personas fueron ejecutadas. Todos aparecen con fusil de asalto a su lado o tomados de las manos, algunos de los cuales parecen haber sido puestos en contra sus cuerpos.
La AP no va a distribuir las fotografías porque no puede determinar cuál es su fuente y origen.
Las fotos fueron enviadas de manera anónima el miércoles a MVT, una agencia local de noticias, en un sobre amarillo que contenía las fotos en una memoria USB, según su director Mario Vázquez. Él dijo que contrastó las fotos con las que su agencia tomó el día del tiroteo y llegó a la conclusión de que se trataba del mismo lugar.
Tlatlaya se encuentra al sur del Estado de México, que limita con la capital del país.
Hasta hace poco, las autoridades habían coincidido con la versión oficial de lo ocurrido.
En julio, la Procuraduría del Estado de México emitió un comunicado diciendo que no había encontrado pruebas que señalaran la ocurrencia de una posible ejecución extrajudicial y que, por el contrario, había encontrado evidencia balística de que hubo un fuego cruzado.
El gobierno estatal se negó a revelar las autopsias de los fallecidos que la AP solicitó bajo en una petición, amparada por la ley de transparencia, y elevó los documentos a la categoría de secreto de Estado por nueve años.
La Procuraduría General de la República (PGR), encargada de la investigación penal en México, dijo que hasta ahora no había encontrado pruebas que corroboraran el relato de la testigo, pero luego abrió una investigación para determinar si se respetaron los derechos humanos en la supuesta confrontación entre militares y presuntos delincuentes.
Pero esta semana, el presidente Enrique Peña Nieto dijo en Nueva York que la PGR debía adelantar la investigación y responder a todas las preguntas que ha suscitado.
En un comunicado, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) informó la noche del jueves que los ocho militares participaron en los hechos y que fueron arrestados por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos en contra la disciplina militar, desobediencia e infracción a deberes.
La Sedena señaló que el proceso abierto a los ocho militares es independiente de las investigaciones que las autoridades civiles realizan sobre los hechos.
Organizaciones internacionales de derechos humanos y el Departamento de Estado norteamericano exhortaron a las autoridades mexicanas a investigar el incidente tras la denuncia de la testigo.
"Creo que poco a poco se está desmontando la versión oficial de estos hechos que buscaba... encubrir, proteger a los responsables una vez más de crímenes cometidos por parte de las fuerzas militares", dijo el viernes José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch.
Horas después de la confrontación, la Sedena reportó la muerte de 22 presuntos criminales luego de un tiroteo. Pero debido a que sólo un soldado murió, el caso generó suspicacias.
Reporteros de la AP visitaron poco después el lugar y no observaron señales de una batalla prolongada. Las evidencias físicas sugerían que al menos algunos de los que murieron habían recibido disparos a la altura del pecho mientras estaban pegados a una pared.
