MEXICO - El Congreso mexicano avaló la noche de este miércoles una reforma que rompe con más de siete décadas de monopolio estatal de los hidrocarburos.
Previamente aprobada en la cámara baja, el Senado mexicano avaló con 78 votos a favor y 26 en contra la última porción de las leyes con las reglas específicas para implementar la reforma energética, la pieza central de una serie de modificaciones con las que el presidente Enrique Peña Nieto espera impulsar el desarrollo económico y social de México.
Ahora Peña Nieto deberá promulgar las llamadas leyes secundarias para su entrada en vigor, lo cual podría ocurrir la próxima semana, dijo el propio mandatario.
"Hoy se da un gran paso para el futuro de los mexicanos. Aprovecharemos mejor y de forma sustentable nuestros recursos energéticos", señaló el mandatario en su cuenta de Twitter. "Un México más competitivo y próspero", añadió.
El gobierno de Peña Nieto espera impulsar una nueva época de desarrollo en un país que pese a ser la segunda economía de Latinoamérica no ha logrado tener tasas anuales de crecimiento sostenidas por encima de 3% que se traduzcan en cambios sustanciales para la población, más de 40% de la cual se mantiene en la pobreza.
"Nueva historia"
"Hoy estamos haciendo una nueva historia", dijo Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los senadores del oficialista Partido Revolucionario Institucional. "Los resultados que queremos son crecimiento económico y empleo para todos los mexicanos, disminución de la desigualdad y la pobreza", añadió.
Historias Destacadas
Las propuestas enviadas por Peña Nieto sufrieron algunas modificaciones, aunque ninguna representa un cambio en el sentido de la reforma que significa el fin de una época que se inició en 1938 cuando se nacionalizó la industria petrolera y cualquier asunto relacionado con los hidrocarburos era visto exclusivamente por la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), que ahora será un competidor más.
Exploración y producción de crudo de empresas privadas
Con la reforma se abre la exploración y producción de crudo a empresas particulares y se permitirá la entrada de inversión privada al sector eléctrico, que hasta ahora también era monopolio de la compañía estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).
También se crea un fondo del petróleo, que bajo la supervisión del banco central mexicano será el encargado de administrar y distribuir los recursos que se reciban por la explotación de los hidrocarburos.
Oposición de la izquierda
La izquierda se ha opuesto a la reforma bajo el argumento de que se privatizará un sector vital para la economía del país y ha prometido promover una consulta popular en 2015 para intentar revertir las modificaciones.
"Vamos a luchar para cambiar lo que hoy dan como un hecho consumado", dijo el senador Miguel Barbosa, coordinador en la cámara alta del Partido de la Revolución Democrática, el mayor grupo de izquierda del país.
Aunque analistas y firmas internacionales han visto con buenos ojos la reforma, ahora el reto es llevarla a la realidad, lo cual no ocurrirá en el corto plazo.
Potencial de transformar a México
"De todas las reformas que se han hecho hasta ahora, sin duda ésta es la más importante, que tiene el potencial de transformar a México", dijo a The Associated Press Carlos Capistrani, economista en jefe para México de la firma Bank of America Merrill Lynch.
Pero ahora, dijo, es necesario que se conozcan las condiciones de cada contrato para explorar y explotar los hidrocarburos.
Las primeras licitaciones de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos para empresas privadas no ocurrirán antes del primer semestre de 2015, según estimaciones del propio gobierno, que ve en la reforma el salvavidas para regresar a México a tener una creciente producción de crudo.
México tuvo en 2004 su pico de producción, con 3.4 millones de barriles diarios, aunque comenzó a caer hasta mantenerse en los niveles actuales de 2.5 millones de barriles diarios.
Se espera mayor producción
Con la reforma el gobierno espera que la producción crezca a tres millones de barriles diarios en 2018 y a 3.5 millones en 2025.
A fines de 2013 el Congreso aprobó cambios en la constitución pero faltaban las reglas específicas para implementar la reforma, lo cual está por culminar.
Los legisladores realizaron algunos ajustes y, por ejemplo, eliminaron cualquier referencia a "expropiaciones" de tierras y en su lugar dejaron sólo el concepto de "ocupación temporal", con lo cual se obliga a quien reciba un permiso o contrato a pagar una renta al campesino o dueño del terreno por el tiempo que trabaje en él.
Además, se determinó que cuando sean proyectos de gas, el propietario de un terreno recibirá no menos de 0.5% ni más de 3% de los ingresos, mientras que para cualquier otro hidrocarburo, como crudo, no será mayor a 2%.
La "ocupación temporal" aplicará cuando los dueños de las tierras no lleguen a un acuerdo con las empresas.
También acordaron que el gobierno adquiera parte del pasivo laboral de Pemex y CFE, es decir de los requerimientos para pagos de jubilaciones y pensiones que se estiman en unos 151,000 millones de dólares, lo que equivale a poco más de 10% del producto interno bruto.
Con eso, se argumentó, las empresas tendrán mayor margen de maniobra para competir con firmas internacionales al poder dedicar más recursos a invertir y no a pagar sus deudas internas.
