Un nuevo proyecto de ley podría dar a Illinois una de las protecciones más sólidas del país para los denunciantes contra las represalias de los empleadores que amenazan con investigar su estatus migratorio.
La Ley de Trabaja sin Miedo, pendiente en la cámara estatal, también ampliaría las protecciones para los trabajadores que denuncian acoso sexual o presentan denuncias fuera de los canales oficiales.
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“Para los inmigrantes, las amenazas de deportación o revocación del estatus migratorio pueden influir en la disposición de un trabajador a expresar sus preocupaciones sobre su lugar de trabajo”, dijo el fiscal general Kwame Raoul a los periodistas el lunes.
El proyecto de ley le dará a la oficina del fiscal general el poder de investigar y multar a los empleadores que amenacen con verificar el estado de ciudadanía de alguien o le pidan a un empleado que presente documentos de inmigración.
Los empleadores a veces intimidan a los trabajadores con amenazas de silenciar los informes de violaciones laborales, como robo de salarios, discriminación y condiciones de trabajo inseguras, dijeron el lunes los autores del proyecto de ley. Los trabajadores inmigrantes y mal pagados son particularmente vulnerables al abuso.
“El miedo a las represalias es el factor más importante para disuadir a las víctimas de abusos laborales de buscar justicia”, sostuvo Raoul.
La oficina de Raoul redactó el proyecto de ley con organizadores comunitarios de Raise the Floor Alliance, con sede en Chicago. El proyecto de ley se basa en las protecciones de denunciantes que ya existen en California, Maryland, Nueva Jersey y Washington.
Si el proyecto de ley se convierte en ley, sería “una de las protecciones laborales más sólidas” del país, indicó Kevin Herrera, director legal de Raise the Floor Alliance.
La representante estatal recién electa Lilian Jiménez, demócrata de Chicago, comentó que está patrocinando el proyecto de ley para llenar un vacío en la protección de los trabajadores que vio de primera mano cuando organizaba a los trabajadores de lavandería en West Town hace años.
Un trabajador indocumentado le había dicho que un empleador estaba reteniendo salarios y acosándola sexualmente, dijo Jiménez.
“Le dije las cosas que podía hacer”, dijo Jiménez. “Pero no podía decirle si estaría protegida, que no sufriría represalias”.
Isabel Escobar es una trabajadora doméstica cuyo empleador retuvo ilegalmente $10,000 en salarios y amenazó con llamar a las autoridades de inmigración si presentaba una denuncia ante el estado.
Escobar, quien ahora trabaja con el grupo comunitario ARISE Chicago, dijo que le tomó tres años recuperar su dinero.
“Muchas otras trabajadoras del hogar sufren… robo de salarios”, dijo Escobar a través de un traductor. “Necesitamos tener protección mientras luchamos contra estos empleadores”.
