Un juez federal bloqueó temporalmente la orden ejecutiva del presidente donald trump que busca ponerle fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, independientemente del estatus migratorio de los padres.
Este es el primer freno en los tribunales a una de las órdenes ejecutivas del presidente, tal vez la más ambiciosa debido a que, para ser aprobada, tendría que ser aprobada una enmienda a la constitución.
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El derecho a la ciudadanía por nacimiento se ha convertido en la manzana de la discordia desde que el presidente firmó una orden ejecutiva para ponerle fin.
“Lo que está intentando de hacer el presidente Trump como lo dijo el juez hoy es anticonstitucional”, dijo Erendica Rendon, del Proyecto resurrección.
Pero hay quienes apoyan las acciones del presidente. “La enmienda catorce no fue creada para que personas vinieran aquí ilegalmente y tuvieran hijos en nuestra tierra y se convirtieran en ciudadanos americanos”, comentó Chuck Hernández, del partido republicano de Illinois.
La orden que fue detenida temporalmente este jueves por un juez federal argumenta que la enmienda numero 14 consagra el derecho a la ciudadanía por nacimiento.
“Eso era de esperarse y esta probablemente de todas las ordenes ejecutivas la más que enfrenta oposición obviamente en las cortes y lo esperamos pero creo que eventualmente llegara a la corte suprema y creo que Donald Trump va a prevalecer”, dijo Hernadez.
Rendon agregó: “Este es un caso donde definitivamente el presidente Trump decidió que no le importa la constitución y que por eso es que va a firmar esto”.
De acuerdo con el abogado constitucionalista Joseph Malouf para que la orden ejecutiva del presidente sea aprobada primero habría que realizar una enmienda al escrito de la enmienda 14 de la constitución.
“Lo podrá hacer pero es extremamente difícil para poder cambiar la constitución, necesitas dos tercios de votos en el senado y dos tercios de votos en la Cámara baja y de ahí el 75% de todos los estados tienen que ratificarlo”, dijo.
Cabe mencionar que este caso es una de las cinco demandas que han sido presentadas por 22 estados incluyendo Illinois y varios grupos que velan por los derechos de la comunidad inmigrante.