Illinois se unirá al gobierno federal para poner fin a las emergencias de salud pública relacionadas con la pandemia de coronavirus a finales de esta primavera, anunció el gobernador J.B. Pritzker el martes.
Según el gobernador, la emergencia de salud pública del estado terminará el 11 de mayo, “alineando al estado con la decisión del gobierno federal de poner fin a la emergencia de salud pública nacional”.
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El presidente Joe Biden informó el lunes al Congreso que pondrá fin a las emergencias nacionales gemelas para abordar el COVID-19 en esa misma fecha, ya que la mayor parte del mundo ha vuelto más cerca de la normalidad casi tres años después de que se declararan por primera vez.
Las declaraciones de emergencias de salud pública trajeron fondos federales y ampliaron el acceso a la atención médica para los residentes durante la pandemia, indicó Pritzker en un comunicado.
“Desde que surgió COVID-19 por primera vez hace casi tres años, mi administración ha trabajado diligentemente junto con el gobierno federal para combatir esta pandemia única en una generación siguiendo la orientación científica y médica para apoyar a los trabajadores de primera línea y salvar vidas. La proclamación de desastre y las órdenes ejecutivas de nuestro estado nos permitieron utilizar todos los recursos a nuestra disposición, desde desarrollar la capacidad de prueba y expandir nuestra fuerza laboral de atención médica hasta apoyar nuestro lanzamiento de vacunas y esfuerzos de ayuda mutua”, dijo Pritzker en un comunicado. “Déjenme ser claro: el COVID-19 no ha desaparecido. Todavía es un peligro real y presente para las personas con sistemas inmunológicos comprometidos, e insto a todos los habitantes de Illinois a que se vacunen o reciban sus vacunas de refuerzo si aún no lo han hecho”.
¿Qué significa la decisión de poner fin a la orden de emergencia de salud pública por COVID-19?
La medida para poner fin a las declaraciones de emergencia nacional y emergencia de salud pública reestructuraría formalmente la respuesta federal al coronavirus para tratar el virus como una amenaza endémica para la salud pública que puede ser manejada a través de las autoridades normales de las agencias.
Se produce cuando los legisladores ya han puesto fin a elementos de las emergencias que mantuvieron a millones de estadounidenses asegurados durante la pandemia. Combinado con la retirada de la mayor parte del dinero federal de ayuda por el COVID-19, también alejaría el desarrollo de vacunas y tratamientos de la gestión directa del gobierno federal.
El anuncio de Biden se produce en una declaración en la que se opone a las resoluciones presentadas esta semana por los republicanos de la Cámara para poner fin a la emergencia de inmediato. Los republicanos de la Cámara también se están preparando para iniciar investigaciones sobre la respuesta del gobierno federal al COVID-19.
El entonces presidente Donald Trump declaró por primera vez la pandemia de COVID-19 como una emergencia nacional el 13 de marzo de 2020. Biden ha extendido repetidamente las emergencias desde que asumió el cargo en enero de 2021 y expirarán en los próximos meses. La Casa Blanca dijo que Biden planea extenderlos brevemente hasta el 11 de mayo.
“Un final abrupto de las declaraciones de emergencia crearía un gran caos e incertidumbre en todo el sistema de atención médica: para los estados, hospitales y consultorios médicos y, lo que es más importante, para decenas de millones de estadounidenses”, sostuvo la Oficina de Administración y Presupuesto escribió en una Declaración de política de administración.
El Congreso ya ha mitigado el alcance de la emergencia de salud pública que tuvo el impacto más directo en los estadounidenses, a medida que se intensificaron los llamados políticos para poner fin a la declaración. Los legisladores se han negado durante meses a cumplir con la solicitud de la administración Biden de miles de millones de dólares más para extender las pruebas y vacunas COVID gratuitas. Y el paquete de gastos de $1.7 billones aprobado el año pasado y promulgado por Biden puso fin a una regla que prohibía a los estados sacar a las personas de Medicaid, una medida que se espera que haga que millones de personas pierdan su cobertura después del 1 de abril.
También se espera que los costos de las vacunas COVID-19 se disparen una vez que el gobierno deje de comprarlas, y Pfizer dice que cobrará hasta $130 por dosis. Solo el 15% de los estadounidenses han recibido el refuerzo actualizado y recomendado que se ha ofrecido desde el otoño pasado.
Una vez que expire la emergencia, las personas con seguro privado tendrán algunos gastos de bolsillo por vacunas, pruebas y tratamiento, mientras que los no asegurados tendrán que pagar esos gastos en su totalidad.
Los legisladores ampliaron las flexibilidades de telesalud que se introdujeron cuando llegó el COVID-19, lo que llevó a los sistemas de atención médica de todo el país a brindar atención regularmente por teléfono inteligente o computadora.
La administración de Biden había considerado previamente poner fin a la emergencia el año pasado, pero se detuvo en medio de preocupaciones sobre un posible "aumento invernal" de casos y para proporcionar el tiempo adecuado para que los proveedores, las aseguradoras y los pacientes se prepararan para su fin.
