Un juez del condado Kankakee dictaminó que la parte de la controvertida Ley SAFE-T del estado que pone fin a la fianza en efectivo es inconstitucional.
El fallo del juez del miércoles por la noche se produce solo cuatro días antes de que se aboliera la fianza en efectivo en todo Illinois como parte de la ley de reforma masiva de la justicia penal.
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En su fallo, el juez principal del condado Kankakee, Thomas W. Cunnington, escribió que “la idoneidad de la fianza depende de la autoridad del tribunal y no puede ser determinada por decreto legislativo”.
El fiscal general Kwame Raoul enfatizó en un comunicado que el fallo es vinculante solo en un número limitado de circuitos judiciales en el estado que estaban cubiertos por 64 casos que cuestionan la ley bajo Cunnington.
Pero Raoul dijo que planeaba apelar el fallo del juez directamente ante la Corte Suprema de Illinois.
No quedó claro de inmediato si el fallo detendrá el fin de la fianza en efectivo la próxima semana. El juez no emitió un amparo.
El caso ante Cunnington fue el resultado de la combinación de aproximadamente 60 demandas interpuestas por alguaciles y fiscales de todo el estado alegando que la ley violaba la Constitución de Illinois.
Con la eliminación de la fianza en efectivo, se espera que los jueces decidan si los acusados después del comienzo del año serán encarcelados mientras esperan el juicio en función de su presunto delito y si representan una amenaza o si es probable que huyan.
Durante los argumentos orales la semana pasada, el fiscal estatal del condado Kankakee, James Rowe, instó a Cunnington a enviar la ley de regreso a la Asamblea General de Illinois, donde dijo que los legisladores se verían obligados a aprobar sus disposiciones “de la manera correcta, de la manera segura”.
Darren Kinkead, de la oficina del fiscal general de Illinois, argumentó que Rowe y una colección de fiscales y alguaciles, quienes están demandando para detener la ley, tienen “sentimientos muy fuertes”. Pero dijo que se redujeron a un desacuerdo de política, no a una disputa legal legítima.
Los partidarios de la ley, que ha sido duramente criticada durante el ciclo electoral de 2022, dicen que pretende abordar problemas de seguridad pública de larga data, la desconfianza policial y un sistema que permite a los acusados adinerados comprar su salida de la cárcel.
El gobernador J.B. Pritzker promulgó recientemente varios cambios al proyecto de ley, que los legisladores aprobaron durante el último día de la sesión de veto de este mes.
Una de las revisiones abordó un objetivo de muchos ataques políticos: una enmienda que agrega delitos graves y delitos como asesinato en segundo grado, secuestro e incendio premeditado a los cargos que califican a alguien para ser detenido en espera de juicio.
Las enmiendas también establecieron una guía para aquellos que ya están en la cárcel, incluida una opción para los detenidos y los fiscales, para solicitar una audiencia para determinar si esos acusados deben ser liberados.
En un comunicado el miércoles por la noche, Pritzker calificó el fallo como un “retroceso” y dijo que espera una apelación ante la Corte Suprema de Illinois.
“La Asamblea General y los defensores trabajaron para reemplazar un sistema de justicia penal anticuado con un sistema arraigado en la equidad y la justicia”, decía la declaración de Pritzker. “No podemos y no debemos defender un sistema que no logra mantener seguras a las personas al permitir que aquellos que son una amenaza para su comunidad puedan simplemente comprar su salida de la cárcel”.
Richard Kling, profesor de derecho penal en la Facultad de Derecho de Chicago-Kent, comentó el miércoles que no estaba sorprendido por el fallo.
“Todos los argumentos planteados tenían mérito, no eran frívolos”, sostuvo Kling. Señaló que Cunnington no emitió una orden judicial junto con su fallo, lo que significa que la decisión no impedirá que las jurisdicciones que no se encuentran entre los demandantes en la demanda implementen las disposiciones de la Ley SAFE-T. Sin embargo, Kling esperaba que los jueces y fiscales de todo el estado probablemente detuvieran la implementación de las reformas de bonos ordenadas por la ley hasta después de que la Corte Suprema del estado haya emitido su fallo.
En el condado Cook, donde los jueces, los fiscales y el personal han recibido capacitación sobre las disposiciones de la Ley SAFE-T durante meses, Kling dijo que el impacto de la decisión podría ser mínimo. La población carcelaria en el condado Cook ha disminuido drásticamente desde 2017, cuando el juez principal Timothy Evans reorganizó los tribunales de fianzas y ordenó restricciones en el uso de fianzas monetarias.
“En el condado Cook, no creo que haya muchos cambios”, dijo Kling.
