La Corte Suprema de Illinois escuchará los argumentos el próximo mes sobre si la Ley SAFE-T y su eliminación de la fianza en efectivo son inconstitucionales, como dictaminó un juez de Kankakee a fines del año pasado.
El tribunal fijó la fecha del 14 de marzo cuando la oficina del fiscal general de Illinois presentó una moción el lunes instando al tribunal a rechazar “el popurrí de teorías constitucionales" planteada por los opositores de la ley.
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El juez principal del Condado de Kankakee, Thomas Cunnington, se puso del lado de esos opositores solo unos días antes de que entrara en vigencia la disposición de reforma de la fianza, fallando a favor de un grupo de fiscales y alguaciles del estado que presentaron más de 60 demandas que cuestionan aspectos de la ley.
Cunnington dictaminó que parte de la ley violó un requisito de la Constitución estatal que exige que los acusados puedan salir bajo fianza “con suficientes garantías”, excepto en ciertos delitos. También encontró que violaba la separación de poderes entre el poder judicial y el legislativo.
“Lo apropiado de la fianza recae en la autoridad de la corte y no puede ser determinada por mandato legislativo”, escribió Cunnington en su fallo.
Los legisladores que escribieron el proyecto de ley y los defensores de la reforma que lo apoyan han argumentado que la fianza en efectivo es intrínsecamente injusta y no beneficia la seguridad pública cuando algunos acusados de delitos son puestos en libertad antes del juicio mientras que otros están en la cárcel porque carecen de los recursos financieros para pagar la fianza.
Quienes se oponen a la ley argumentan que los legisladores violaron la constitución estatal cuando no buscaron la aprobación de los votantes a través de una enmienda constitucional, y dicen que “apoyarían firmemente” dicho sistema si el estado lo hubiera hecho.
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“Esto no ocurrió”, argumentaron los opositores en una moción ante la Corte Suprema estatal a principios de este mes. “Al hacerlo, la Asamblea General ha intentado ilegítimamente enmendar la Constitución de Illinois”.
”En su moción presentada el lunes, el fiscal general insistió en que la Constitución estatal no requiere que Illinois mantenga un sistema de fianza en efectivo.
“El popurrí de teorías constitucionales debe ser rechazado: ninguna de estas disposiciones constitucionales asegura la institución de la fianza monetaria”, sostiene la moción.
En cambio, argumenta la moción, la Constitución estatal “otorga a los acusados el derecho de buscar la libertad previa al juicio”.
