CHICAGO - Los contribuyentes de Chicago pagarán $ 1.2 millones para compensar a la familia de un niño de 14 años quien recibió un disparo en la espalda y fue asesinado por un oficial de policía durante un fin de semana festivo que incluyó cinco tiroteos policiales, dos de ellos mortales.
El acuerdo de la familia de Pedro Ríos Jr. es el más grande de los tres arreglos conocidos en la agenda de la reunión del lunes del Comité de Finanzas del Concejo Municipal. Se desconoce el monto en dólares del cuarto, para la trabajadora social Anjanette Young.
Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.
Graduado de la Escuela Primaria Stephen Gale con planes de asistir a la Academia de Matemáticas y Ciencias de Chicago, Ríos fue una de las cinco personas baleadas por la policía de Chicago durante el fin de semana del 4 de julio de 2014. Dos de esos tiroteos fueron mortales.
Ríos estaba cruzando Cicero Avenue en Berenice en Portage Park alrededor de las 9 p.m. el 4 de julio de 2014, cuando los agentes de la policía de Chicago pasaron por el paso de peatones en un patrullero marcado como “como si tuviera algo debajo de la camisa con el brazo derecho”, según Mark Brown, abogado de la familia Ríos.
Los socios policiales Nicholas Redelsperger y Eric Bellomy intentaron detener a Ríos porque “pensaron que parecía sospechoso”, dijo Brown. Pero cuando dieron la vuelta a la patrulla y le ordenaron a Ríos que se detuviera, el adolescente corrió hacia un callejón cercano, donde Redelsperger le disparó.
Incluso después de recibir un disparo, Ríos hizo un segundo intento de huir, solo para ser golpeado por el “vehículo policial marcado conducido por el oficial Bellomy”, leyó la demanda de la familia.
Redelsperger, quien persiguió al adolescente a pie, sostuvo que le disparó a Ríos después de que apuntó con el arma al oficial varias veces.
Local
Las últimas historias de Chicago e Illinois. Entérate de las noticias de hoy.
Pero la versión del oficial de los hechos fue muy disputada por la familia Ríos. El caso, según Brown, estaba a “siete semanas desde el juicio” cuando se llegó a un acuerdo de $1.2 millones.
“Nuestra posición es que, aunque tenía un arma en su poder, nunca se la sacó de la cintura y, mientras huía, el oficial le disparó por la espalda y lo tiró al suelo. Y mientras rodaba por el suelo, le disparó de nuevo alrededor del área de la cadera, que terminó en su pulmón”, indicó Brown.
Brown comentó que el adolescente nunca había tenido problemas y se había ido de casa una semana antes del tiroteo. Cuando se le preguntó si Ríos era miembro de una pandilla o estaba afiliado a una pandilla, el abogado contestó: “No que sepamos”.
El abogado afirmó que no tiene idea de por qué Ríos llevaba un arma en esa fatídica noche, pero que “no debería haber sido una sentencia de muerte” en cualquier caso.
“Si estás en posesión de un arma y la tienes en el cinturón y estás huyendo de la policía, la policía no tiene derecho a dispararte por la espalda a menos que los amenaces con el arma”, dijo.
“Si lo ven en tu mano y te vuelves hacia ellos y no sigues las instrucciones para dejarlo o lo levantas hacia ellos, entonces hay una razón para usar fuerza letal. Pero también hay un video de vigilancia en este caso de un edificio cercano que está bajo ... una orden de protección que lo muestra huyendo lo más rápido que puede. Creemos que muestra que el arma estaba en su cintura”.
La Autoridad Independiente de Revisión de la Policía, que precedió a la Oficina Civil de Responsabilidad Policial, investigó el tiroteo y dictaminó que estaba justificado.
“Es posible, si no probable”, que Ríos “se volteó para ver si el oficial lo perseguía y cuán cerca estaba y, al hacerlo, le dio al oficial la impresión de que estaba amenazando con el uso del arma”, afirma el informe final de la IPRA.
“Si [Ríos] simplemente se volvió para ver si el oficial lo perseguía o si se volvió y apuntó con el arma”, el oficial de tiro “no tuvo tiempo de explorar otras opciones tácticas, y era razonable, dadas las circunstancias, que usara fuerza letal para defenderse.”
En un acuerdo separado de $ 625,000 que también está en la agenda financiera, es para Lawrence Scott, quien dice que estaba parado frente a su casa en Englewood en abril de 2014 cuando llegó un oficial vestido de civil, salió de un vehículo policial sin identificación y lo persiguió detrás de la casa de su vecino y lo dejó inconsciente con un rifle.
Scott, quien reconoció haber arrojado una bolsa de marihuana mientras huía de la policía, alega en su demanda que sangraba profusamente, pero los policías que lo arrestaron esperaron tres horas antes de llevarlo a un hospital para recibir tratamiento por lo que resultó ser una conmoción cerebral y lesión cerebral traumática.
Un acuerdo de $ 330,000 va para Frederick Bell, quien aseguró que fue agredido físicamente por cuatro oficiales después de una parada de tráfico en septiembre de 2014 en la cuadra 7900 de South Ingleside.
