TEXAS - Un juez federal del estado de Texas decidió este lunes bloquear un programa del presidente Joe Biden que buscaba regularizar la situación de cerca de medio millón de indocumentados, cónyuges o hijastros de ciudadanos estadounidenses.
Todo ello después de que el pasado viernes una coalición de 16 estados liderados por republicanos demandara al Gobierno estadounidense para detener el programa "Keeping Families Together" (Mantener unidas a las familias), que abrió sus inscripciones el lunes pasado.
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Este plan se apoya en el llamado "Parole in Place", que otorga un permiso temporal para permanecer en EE.UU., ofreciendo protección frente a la deportación, así como la posibilidad de obtener un permiso de trabajo.
Pero lo más importante es que permite a los beneficiados realizar el proceso para obtener una residencia permanente en EE.UU. por estar casado o ser hijastro de un ciudadano estadounidense sin tener que salir del país.
Para poder adherirse al programa, el solicitante debe haber vivido en el país un mínimo de 10 años y estar casado antes del 17 de junio pasado. La Administración Biden estimó que aproximadamente 500,000 cónyuges de ciudadanos estadounidenses y unos 50,000 hijastros son elegibles.
No obstante, el juez J. Campbell Barker del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas emitió una suspensión administrativa mientras el tribunal considera la denuncia, que estuvo encabezada por el polémico fiscal general de Texas, Ken Paxton.
Inmigración
El juez consideró que la demanda plantea preguntas legítimas sobre la autoridad del poder ejecutivo del Gobierno para eludir al Congreso y establecer políticas de inmigración.
¿Qué pasará con las solicitudes que se entregaron bajo el programa "Parole in Place"? ¿Qué sucede para quienes aún no han presentado su solicitud?
La orden del juez, conocida como una suspensión administrativa, estará en vigor por 14 días, pero podría prorrogarse.
El martes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) declaró que el gobierno seguirá aceptando solicitudes y defendiendo el programa ante los tribunales. Los solicitantes que hayan recibido permiso temporal antes de la orden no se verán afectados, según el departamento.
Por lo tanto, tras esta suspensión la Administración podrá seguir aceptando solicitudes, pero ya no podrá procesarlas.
El DHS no respondió a preguntas sobre cuántas solicitudes se recibieron o aprobaron o cuánto tiempo se tarda en determinar el resultado de un caso en el marco del programa, que el gobierno denominó “Manteniendo a las familias juntas".
"El programa 'Manteniendo a las familias juntas' permite a los ciudadanos estadounidenses y a sus familiares vivir sin miedo a la separación, en consonancia con los valores fundamentales estadounidenses”, dijo el DHS en un comunicado.
Según Paxton, la norma viola la Constitución, la Ley de Procedimiento Administrativo y las leyes de inmigración.
Gregory Chen, director de relaciones gubernamentales de la American Immigration Lawyers Association, dijo que había oído de abogados afiliados a la asociación de al menos cientos de personas que habían solicitado desde que el programa se puso en marcha el 19 de agosto, incluyendo algunos que solicitaron y fueron aprobados al día siguiente.
Desde que fue anunciado en junio pasado, los sectores ultraconservadores habían amenazado con retarlo en las cortes y han acusado a la Administración demócrata de utilizarlo como parte de la campaña para retener la Presidencia.
Texas ha liderado varias batallas legales contra el Gobierno Biden por temas de inmigración, entre ellas una que solicita poner fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que favorece a miles de jóvenes "soñadores" desde 2012.
¿Qué pasará si se elimina la suspensión temporal del juez?
Si se aprueba, los solicitantes tienen tres años para pedir la residencia permanente. Durante ese periodo, pueden obtener un permiso de trabajo.
Antes de este programa, era complicado que las personas que estaban en Estados Unidos ilegalmente obtuvieran la tarjeta verde tras casarse con un ciudadano estadounidense. Se les podía exigir que regresaran a su país de origen -a menudo durante años- y siempre corrían el riesgo de que no se les permitiera volver.
