Repatriados viven gran pesadilla

MALINALCO, México -- Bajo una llovizna fría que mojaba las estrechas calles de adoquines de este pueblo del centro de México, varias mujeres que esperaban afuera del centro cultural de la era colonial envolvían a sus hijos en mantas de lana. Otros padres cubrían con bolsas de plástico carpetas llenas de pasaportes estadounidenses y actas de nacimiento de California, Ohio y Texas.

Uno a uno, los padres ingresaban al centro, se sentaban frente a un empleado del gobierno mexicano y contaban sus historias de cómo habían cruzado la frontera con Estados Unidos dos veces: Primero ingresaron a ese país ilegalmente en busca de trabajo, se radicaron allí y tuvieron hijos; luego fueron pillados y deportados o regresaron por su propia voluntad a raíz de la crisis económica. Ahora están de vuelta en México, con hijos que son ciudadanos estadounidenses.

Debido a las normas bizantinas imperantes en las burocracias de México y Estados Unidos, decenas de miles de esos menores no tienen acceso a servicios básicos en México, incluidos educación y atención médica en hospitales y clínicas públicos que ofrecen revisiones y medicinas gratis.

Ocurre que el gobierno mexicano exige que todo documento oficial de otro país sea certificado en ese país con un sello conocido como apostilla y luego traducido en México por un traductor oficial, a menudo caro.

Esto constituye un problema cada vez más grande en México, pues cientos de miles de migrantes están regresando de Estados Unidos por la falta de oportunidades laborales o un incremento en las deportaciones. La inmigración ilegal hacia Estados Unidos está en su nivel más bajo en décadas y hoy son más los mexicanos que regresan que los que se van.

Más de 300.000 niños nacidos en Estados Unidos fueron traídos a México desde el 2005, de acuerdo con el Centro Hispano Pew de Washington.

La cantidad de niños estadounidenses que viven en México con al menos un padre mexicano llegó a 500.000 en el 2011, según un estudio demográfico.

Muchos de los mexicanos con hijos estadounidenses no estaban al tanto de los requisitos burocráticos con que se tropezarían a su retorno y ahora se afanan por hacer llegar los documentos de sus hijos a Estados Unidos para su certificación y posterior traducción oficial en México.

Reciben poca ayuda del gobierno mexicano, aunque unos pocos son asistidos por organizaciones como el Proyecto El Rincón, entidad sin fines de lucro que colabora con familias de migrantes en Malinalco. La agrupación hizo arreglos recientemente para que empleados del estado viniesen al pueblo para hablar con las familias y luego enviasen los documentos a distintas dependencias estadounidenses.

Los repatriados que viven en pueblos pequeños, sin oficinas gubernamentales, deben recorrer largas distancias para hacer estos trámites.

"Al gobierno no le interesa lo que pase o no pase con la gente que viene", expresó María del Rosario Leyva, quien regresó de Estados Unidos con dos hijos, un varón de tres años y una nena de cinco. La familia vivía en Santa Ana, California, pero el esposo de Leyva fue deportado.

Ella y otros repatriados han tratado de anotar a sus hijos en las escuelas. Algunos fueron enviados al registro civil de Malinalco, donde les recomendaron que se consiguiesen abogados.

Rogelio Hernández Sánchez regresó en noviembre pasado con su familia tras quedarse sin trabajo en la construcción en Oakland, California. Le dijeron que solo le faltaba el sello oficial en una de las partidas de nacimiento, pero que los documentos no servían porque habían sido emitidos por un departamento de salud y no un registro civil, como se hace en México.

Sus hijos están yendo a clases, "pero estoy batallando para que me lleguen las calificaciones", las cuales le son negadas por no contar con los documentos apropiados, manifestó. "Pronto no voy a poder llevarlos al médico", se lamentó.

En respuesta a preguntas de la Associated Press, funcionarios de salud de México dijeron en una declaración que se ofrecía atención médica temporal a los hijos estadounidenses de los migrantes repatriados, pero que las familias debían presentar los documentos correspondientes en un plazo de 90 días para seguir recibiendo ese servicio. Un portavoz de la secretaría de Educación afirmó que cada estado mexicano, y a veces los directores de escuelas individualmente, pueden ofrecer excenciones temporales y dejar que los niños asistan a clases a pesar de no tener los documentos en orden.

Muchos padres no entienden lo que les dicen los empleados de las distintas dependencias. Los procedimientos oficiales son a menudo confusos incluso para gente preparada. Abundan las percepciones equivocadas. Hernández dijo que había escuchado de otras familias que si no le estampillaban los documentos, las autoridades estadounidenses podían quitarles sus hijos, incluso en México.

"Las madres vienen a pedir ayuda luego de sufrir numerosas frustraciones", comentó Ellen Calmus, directora del Proyecto El Rincón. "Han venido varias madres llorando".

La organización hizo arreglos para que dos empleados del estado ayudasen a una docena de familias en la reciente sesión en Malinalco y tanto Leyva como Hernández consiguieron enviar las actas de nacimiento de sus hijos para que fuesen estampadas en California. Además les dieron permisos especiales para que sus hijos asistiesen a la escuela mientras se hacían los trámites.

El esposo de Leyva fue uno de las 46.000 personas con hijos estadounidenses que fueron deportadas por Estados Unidos en el primer semestre del 2011. Trabajaba como chef en un restaurante de Santa Ana cuando fue detenido por manejar en estado de ebriedad. Se declaró culpable y fue deportado.

Luego de vivir casi 17 años en Estados Unidos y madre de dos hijos pequeños, Leyva pensó que ella también podría ser pillada, de modo que se fue de la casa que alquilaba en California. Su hija mayor, una veinteañera, se quedó, pero Leyva se trajo a un hijo de 19 años. Ambos habían sido llevados ilegalmente a Estados Unidos de pequeños.

La mayoría de los niños estadounidense se quedan con familiares o son enviados a hogares temporales cuando sus padres son detenidos.

Los demógrafos dicen que solo de un 10% a un 15% de estos niños son llevados a México por sus padres.

"Se podría decir que son chicos sin un estado en los dos países", afirmó Hirokazu Yoshikawa, decano de la Harvard Graduate School of Education y autor del libro "Immigrants Raising Citizens: Undocumented Parents and Their Young Children" (Inmigrantes que crían ciudadanos: Padres indocumentados y sus hijos pequeños). "Cada generación es indocumentada en un país", sostuvo.

Leyva dice que sus hijos estadounidenses no se quedarán en México toda la vida. Se le humedecen los ojos al contar que los niños le preguntan a cada rato cuándo volverán a Estados Unidos.

"Cuando tengan la edad, se van a ir y van a hacer su vida allí", expresó. "Yo sé que su destino no está aquí. Tienen papeles y sus hijos van a tener papeles. No van a tener problemas".

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