WASHINGTON - Para muchos representantes conservadores, la decisión del presidente Barack Obama de demorar una cláusula clave de la ley de salud ha surgido como un punto álgido de debate, no contra esa ley sino contra la reforma a las leyes de inmigración. En las semanas siguientes al anuncio de que las empresas no tendrán que ofrecer seguro médico obligatorio durante un año más aumentaron las quejas entre los republicanos de la Cámara de Representantes de que no pueden confiar en que el gobierno de Obama implemente las leyes que aprueba. Eso incluye estrictos requisitos sobre los inmigrantes, una mayor seguridad en la frontera con México y medidas reales para verificar el derecho al trabajo en los centros laborales. Esas alegaciones se escuchan con frecuencia entre los legisladores republicanos, que en su mayoría han regresado a sus distritos para un receso veraniego de 5 semanas durante el cual se esperan manifestaciones en todo el país, tanto a favor como en contra de una reforma integral de las leyes de inmigración. Es además uno de los mayores obstáculos para que la Cámara de Representantes tome medidas después que el Senado aprobó en junio un amplio proyecto de ley para aumentar la seguridad en la frontera con México, modificar las normas sobre la inmigración legal y ofrecer un camino a la naturalización a los aproximadamente 11 millones de personas que viven sin autorización en el país. "Todos juramos hacer cumplir las leyes del país y la Constitución, y eso no significa que podamos escoger qué ley aprobar y cuál ignorar", dijo el representante Steve Scalise, republicano por Luisiana, quien dirige el Comité de Estudios Republicanos en la cámara baja. "Sin embargo, el presidente ha mostrado disposición a ser selectivo en cómo hace cumplir las leyes". Los representantes republicanos también se muestran escépticos sobre el enfoque integral tomado por el Senado en materia de inmigración, y prefieren abordar el asunto por partes. Muchos se oponen a la legalización de personas que cruzaron la frontera ilegalmente o se quedaron después que vencieron sus visas. Para algunos, el punto clave es si una nueva ley de inmigración se puede hacer cumplir, particularmente debido al pobre historial del gobierno en hacer respetar leyes aprobadas en el pasado. Legislaturas anteriores han contemplado la instalación de verjas en cientos de kilómetros de frontera con México y un sistema biométrico para controlar las salidas de los extranjeros del país. Pero nunca llegaron a implementarse. El ejemplo más citado es la ley de inmigración firmada en 1986 por el presidente Ronald Reagan, que otorgó la ciudadanía a unos 3 millones de personas que vivían en el país ilegalmente, que implementó las primeras exigencias de verificar el estatus de los obreros y aumentó la seguridad en la frontera. La legalización se hizo realidad, pero las demás medidas probaron ser poco efectivas. "Ellos no confían en el gobierno. Cuando la legalización de 1986 se prometieron cosas que no se cumplieron", dijo el representante Mario Diaz-Balart, republicano por Florida, quien apoya un proyecto de ley de reforma integral de la inmigración y pertenece a un grupo bipartidista de la Cámara de Representantes que trabaja tras bambalinas desde hace meses en el tema. "El gobierno de Obama ha multiplicado por diez este asunto. El ejemplo más reciente es el de la ley de salud del presidente", dijo Diaz-Balart. "Así que nuestro reto es poder demostrar que somos capaces de hacer cumplir esas normas". Algunos partidarios de la reforma a las leyes de inmigración desestiman el argumento de la implementación como una excusa de los representantes republicanos que buscan razones para no actuar sobre un tema políticamente explosivo que todavía algunos dicen es una amnistía para personas que han infringido la ley. "Si esa es la lógica, que Obama no hará cumplir la ley si la aprobamos, entonces no debemos aprobar ninguna ley", dijo el senador John McCain, republicano por Arizona y uno de los autores del proyecto de inmigración en el Senado. "De todas las razones que hemos escuchado en la oposición a la inmigración, esa es una de las que no tiene validez en lo absoluto". El representante Mike McCaul, presidente de la Comisión de Seguridad Interior de la cámara baja, dice que ha hablado con el presidente de ese foro, John Boehner, republicano por Ohio, sobre medidas a tomar en septiembre o principios de octubre sobre un proyecto de ley de seguridad fronteriza aprobado por su panel en mayo. Esa iniciativa, que ha hallado apoyo entre republicanos conservadores y demócratas liberales, contempla exigir al secretario de Seguridad Interior que desarrolle una estrategia para conseguir el control operativo de la frontera con México en cinco años y un plan para implementar la estrategia. También contempla que la Oficina de Fiscalización del Gobierno supervise las medidas. El proyecto de ley no contempla nuevos gastos y contrasta con el enfoque del Senado, donde acuerdos de última hora para ganar apoyo entre los republicanos ofrecer un aumento de 46,000 millones de dólares para invertirlos en aviones no tripulados, helicópteros y otras tecnologías, así como aumentar al doble los agentes que patrullan la frontera y levantar cientos de kilómetros de reja.
