WASHINGTON - Dos de los tres republicanos que conformaban un grupo bipartidista de siete legisladores que perseguía desde 2009 un proyecto de ley de reforma migratoria integral en la Cámara Baja anunciaron el viernes su separación del grupo negociador y la atribuyeron a un desacato reiterado que el presidente Barack Obama ha mostrado hacia la Constitución y otras leyes. El abandono de estos dos republicanos luce como un nuevo obstáculo para la aprobación legislativa de una reforma migratoria integral que incluya la opción de la naturalización para los inmigrantes sin papeles. Los legisladores texanos John Carter y Sam Johnson dijeron en un comunicado publicado en la página web de Carter que continuarán trabajando a favor de una reforma migratoria que "comience con una frontera genuinamente segura, implementación completa del E-Verify, aplicación efectiva de leyes actuales y futuras y un compromiso de que cualquier propuesta contribuya a una economía saludable". "Sería muy irresponsable hacer aún más poderoso a este gobierno concediéndole autoridad adicional o discrecionalidad con un nuevo sistema migratorio. Lo más importante es que el pueblo estadounidense no confía en el presidente para velar por el cumplimiento de las leyes, y nosotros tampoco", dijeron ambos republicanos. Numerosos legisladores republicanos sostienen que Obama abusó de su autoridad para suspender en 2012 por vía administrativa la deportación de algunos inmigrantes sin papeles traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños. La congresista por California Zoe Logfren, una de los cuatro demócratas en el grupo, respondió diciendo que la bancada republicana en la Cámara Baja, presidida por el republicano por Ohio John Boehner, "debe tomar la decisión de permitir que el sistema migratorio disfuncional continúe o de permitir que la cámara baja vote para reformarlo". El legislador por Illinois Luis Gutiérrez, otro demócrata en el grupo, señaló que "es claro que el trabajo del grupo bipartidista no tenía el apoyo de los líderes republicanos, y eso nos permite concentrarnos en el presidente (de la cámara baja) Boehner y sus colaboradores y ver si son serios sobre la reforma, que hagan algo más que hablar". El grupo bipartidista negoció a puertas cerradas un proyecto de reforma migratoria integral de manera interrumpida desde 2009. El congresista por Idaho Raúl Labrador fue el primer republicano en abandonar el grupo, lo cual deja a Mario Díaz-Balart como el único copartidario que permanece en el grupo negociador. Los integrantes demócratas son, además de Lofgren y Gutiérrez, John Yarmuth y Xavier Becerra. Se desconoce cuál será el impacto preciso que tendrá el fracaso de este grupo bipartidista en presentar un proyecto de ley integral, porque el liderazgo de la bancada mayoritaria ya ha expresado públicamente su intención de abordar la reforma migratoria en proyectos de ley separados. La versión de este grupo bipartidista estaba casi lista, y era similar en líneas generales a la aprobada por el Senado, pero incluía requisitos más exigentes para la naturalización de las personas sin documentos. La mayoría de los congresistas republicanos rechazan un enfoque integral y cuestionan el concederle la naturalización a personas que violaron leyes migratorias para permanecer en Estados Unidos. El Congreso mantiene en el limbo a la reforma migratoria, ya que la mayoría republicana en la cámara baja se ha mostrado reacia a debatir el proyecto de ley aprobado por el Senado en junio, el cual concede a los inmigrantes sin papeles la opción de la naturalización. La comisión judicial de la cámara baja aprobó en julio cinco proyectos de ley en áreas migratorias, todos de corte restrictivo a la inmigración ilegal. El presidente de esa comisión, republicano por Virginia Bob Goodlatte, dijo la víspera que se redactan otros cuatro proyectos de ley que abordan diversos temas de inmigración, además de los cuatro que la comisión ya ha aprobado. Goodlatte no ofreció detalles sobre las iniciativas. La agenda legislativa que recibe a los congresistas tras su receso primaveral de cinco semanas luce copada con otros asuntos complicados como el debate sobre el financiamiento del gobierno federal y del tope para la deuda pública.
