¿Ayudar o no a embarazadas indocumentadas?

LINCOLN, Nebraska -- La inmigración no autorizada y el aborto han dividido la política de Nebraska dominada por los republicanos: mientras que algunos conservadores están a favor de un plan que ofrece ayuda estatal a mujeres embarazadas que se encuentran en el país sin autorización legal, otros dicen que al hacerlo se violarían algunos de los principios básicos del Partido Republicano.

La medida ha generado alianzas insospechadas y el gobernador republicano Dave Heineman presiona en contra de la propuesta mientras subraya simultáneamente su firme oposición al aborto. El vocero republicano de la Legislatura, Mike Flood, ha tomado el lado opuesto, apoyando la medida mientras plantea que él siempre ha estado en contra de la inmigración no autorizada.

La medida requeriría que el estado cubra los gastos de atención prenatal de mujeres de bajos ingresos que han ingresado a Estados Unidos sin autorización. El plan ampliaría la cobertura a cerca de 1,162 fetos diariamente a un costo de 650,000 dólares del presupuesto estatal y 1,9 millones de dólares provenientes de los impuestos federales.

El martes por la noche, el proyecto fue aprobado 30-16 en la primera de tres votaciones requeridas. Catorce republicanos lo apoyaron, uniéndose a un bloque de demócratas que generalmente se ven superados en cantidad.

En una inusualmente tensa conferencia de prensa, Heineman dijo el miércoles que estaba "extraordinariamente decepcionado" por la votación, que registró un margen a prueba de veto.

El miércoles por la noche, los legisladores aprobaron el proyecto de ley en la segunda de las tres votaciones 29-16, lo que implicó que la iniciativa puede ser vetada.

Heineman sostuvo que Flood y otros legisladores cometían un error al apoyar beneficios para inmigrantes sin papeles que serían financiados con dinero de los contribuyentes, sin importar las razones.

"A menos que usted y la Legislatura cambien de rumbo, el legado de esta sesión será uno en el que los inmigrantes no autorizados recibieron trato preferencial sobre los ciudadanos de Nebraska", dijo Heineman al leer una carta que su equipo entregó personalmente a la oficina del vocero. "Esta será una sesión recordada por un incremento a los impuestos de hombres y mujeres trabajadores de Nebraska mientras que a los inmigrantes sin autorización legal se les otorgan beneficios financiados por los contribuyentes".

Heineman dijo que el asunto gira en torno a la inmigración, no al aborto, y que el proyecto de ley convertiría a Nebraska en "un imán para los inmigrantes no autorizados".

Agregó que las iglesias y las organizaciones de beneficencia, no el estado, deberían ser quienes apoyen a las mujeres embarazadas que ingresaron al país sin permiso legal.

"Yo soy uno de los gobernadores más opuestos al aborto en Estados Unidos", dijo. "Esto es algo relacionado con la inmigración no autorizada y los habitantes de Nebraska lo sabemos".

Flood, que ha respaldado una legislación que prohibe el aborto en etapa avanzada de gestación, dijo que el tema de la inmigración es importante pero no tanto como el de la salud para nonatos que no tienen acceso a vitaminas prenatales, ultrasonidos, médicos y enfermeras. Agregó que los registros médicos no apoyan la creencia de que las inmigrantes sin papeles que están embarazadas se mudarían de un estado a otro con tal de recibir atención prenatal.

"Para mí, cuando se sopesan los dos temas, la balanza se inclina a favor de la vida y salud de un bebé", dijo Flood. "Eso es de mayor peso. La inmigración ilegal y las matrículas estudiantiles son otra historia, porque no hay vidas en riesgo".

Cerca de 870 inmigrantes que viven en Estados Unidos sin autorización legal y 750 residentes autorizados perdieron cobertura médica en 2010, cuando el gobierno federal ordenó al estado dejar de ofrecer beneficios por medio del programa de salud Medicaid. El proyecto de ley inscribiría a mujeres bajo el Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP, por sus siglas en inglés) del gobierno federal que permite que los nonatos puedan recibir atención médica financiada por fondos federales y estatales.

Quienes se oponen dicen que el dinero es necesario para cubrir otros gastos.

"Ninguno de nosotros desea ver a un bebé sufrir. Nadie quiere ver a un bebé llegar al mundo en medio de estos problemas, ninguno de nosotros quiere eso", dijo Ken Schilz, senador estatal por Ogallala. "Pero por otro lado, todo esto tiene un costo y alguien tiene que cubrirlo".

En 2010, un grupo de legisladores trató de crear un programa aprobado por el gobierno federal que otorgaría cobertura a fetos bajo ciertas condiciones, pero el intento fracasó bajo el peso de la oposición a la inmigración ilegal y la ansiedad típica de un año electoral.

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