PHOENIX – Una jueza federal dictaminó el miércoles que las autoridades de Arizona pueden aplicar la parte más controvertida de la ley estatal de inmigración, una disposición que los detractores denominan "muéstreme sus papeles".
La decisión de la jueza federal Susan Bolton allana el camino para que la policía haga valer la cláusula de la ley, decretada en 2010, que obliga a los agentes a preguntar la condición migratoria a las personas que detengan por motivos diversos si sospechan que no están autorizadas para estar en el país.
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer se congratuló por el fallo y calificó la previsión como "la sección más determinante" de la ley migratoria del estado.
Los detractores solicitaron después a Bolton que impidiera la entrada en vigencia de la disposición con el argumento de que generaría encasillamiento racial de los hispanos y derivaría en que muchos latinos permanecieran detenidos durante largo tiempo.
Alessandra Soler, directora ejecutiva de la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles en Arizona, opinó que la sección de la ley es "divisoria" y que "provocará un desenfrenado encasillamiento racial y detenciones prolongadas para un sinfín de latinos, la mayoría de los cuales son ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes".
Los abogados de Brewer instaron a la jueza a permitir que la disposición entrara en efecto, bajo el argumento de que los opositores a esta ley se basaban en meras conjeturas al advertir del riesgo de discriminación racial. El gobierno estatal afirma que la policía ha recibido entrenamiento para evitar prácticas discriminatorias y que los agentes deben contar con una "sospecha razonable" de que una persona está en el país sin permiso para que esta parte de la ley se aplicable.
Los que apoyan la medida opinan que ello es una mala interpretación de una ley necesaria para evitar que los inmigrantes entren de manera ilegal a Estados Unidos y utilicen los escasos recursos. También argumentan que no tiene nada de malo pedir mostrar una identificación para verificar el estatus legal.
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Brewer, una republicana, dijo que el fallo "dará facultades a las autoridades estatales y locales, como parte de una detención o arresto legal, de interrogar sobre el estatus migratorio de un individuo cuando el oficial tenga una sospecha razonable".
En su fallo, Bolton dijo que atendería las instrucciones claras de la Corte Suprema, en el sentido de que esta disposición "no podía ser impugnada nuevamente... antes de que la ley entrara en efecto". La jueza reiteró la interpretación del máximo tribunal, acerca de que la ley sí podría impugnarse si se le considera anticonstitucional en otros aspectos.
Entre los detractores de la medida estuvo el gobierno del presidente Barack Obama, que la impugnó con base en el argumento de que la ley federal de inmigración primaba sobre las disposiciones de Arizona. Esa impugnación no abordó el encasillamiento racial. El gobierno no convenció al máximo tribunal para que rechazara la disposición relacionada con las preguntas sobre la condición migratoria de las personas.
Para quienes apoyan la ley de Arizona, este apartado es el más importante de la medida, cuyo propósito era, según el gobierno estatal, la reducción de los problemas relacionados con la inmigración no autorizada mediante el cumplimiento de las nuevas políticas.
Distintas organizaciones defensoras de los inmigrantes consideran que esta disposición implica los mayores riesgos de abusos a los derechos civiles. Las secciones menos controvertidas de la ley entraron en vigencia desde finales de julio de 2010. Poco antes, Bolton bloqueó varias partes de la legislación, incluida la relacionada con las preguntas sobre inmigración, al considerar que el gobierno de Obama podría tener éxito para demostrar que la ley estatal interfería con la federal.
Cinco estados, Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del sur y Utah, han adoptado variantes de la ley de Arizona.
En breve entrará en vigencia la disposición, dijo la oficina de la gobernadora.
"Las cortes han determinado ahora, de manera consecuente, que los denunciantes no cumplieron con los requisitos para argumentar que esta ley debe ser bloqueada y no entrar en vigencia", dijo el vocero de la gobernadora, Matthew Benson. "Ciertamente, la gobernadora Brewer está complacida con esta decisión. Considera que es hora de que la SB1070 (el nombre oficial de la ley) se implemente y de que atestigüemos lo efectiva que esta ley resulta en la práctica".
Karen Tumlin, abogada de la organización National Immigration Law Center, dijo que su oficina "contemplaba las opciones legales" tras el fallo de Bolton.
"Estamos sorprendidos y decepcionados", dijo por su parte Dan Pochoda, jefe legal de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles en Arizona.
Sin embargo, Bolton accedió a bloquear en forma preliminar un estatuto que penaliza el dar albergue a individuos de quienes se sospeche que están en el país sin permiso.
La medida aprobada ha estado en el centro de un debate legal de dos años. Después de que la Corte Suprema de Estados Unidos ratificara la previsión en junio, los críticos de la medida pidieron a Bolton bloquear la sección de la ley.
Lydia Guzmán, defensora de los derechos civiles en Phoenix y líder de la organización Respect/Respeto, dijo que si la corte no emite una orden de emergencia que evite que la previsión entre en vigor, su organización y otras estarán vigilando cuidadosamente.
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