NBC News recogió en una exclusiva que ciudadanos estadounidenses señalaron que sus teléfonos celulares fueron revisados en aeropuertos y les fueron retirados hasta por dos horas.
Ello habría sucedioa Akram Shibly y Kelly McCormick, quienes regresaban de un viaje a Canadá vía Nueva York cuando presuntamente les pidieron sus aparatos, las contraseñas y les fueron retirados por dos horas.
"Se siente como una violación de nuestros derechos", dijo Shibly, un cineasta de 23 años nacido y criado en Nueva York. Aún así, él y McCormick accedieron y sus teléfonos fueron requisados.
Dijo que pocos días después, al regresar de un viaje de Canadá le volvieron a pedir lo mismo y al negarse, habría sido sometido por la fuerza y forzado a entregarlo. Su pareja pasó su aparato a los agentes sin resistencia.
Según NBC, este caso no es exclusivo ya que la cadena examinó al menos 25 casos de ciudadanos estadounidenses a quienes agentes de Aduana y Protección Fronteriza les ha requerido la entrega de sus teléfonos, sus contraseñas o que lo entregaran desbloqueado.
Además hallaron que la mayoría de ellos tienen en común el hecho de ser musulmanes, como Shibly, cuyos padres provienen de Siria.
Datos provistos por el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza indican que la revisión de celulares ha ido in crescendo, de 5,000 en el 2015 a casi 25,000 en el 2016. Solo en febrero del 2017, se chequearon 5,000.
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NBC enfatizó que esta práctica realmente comenzó durante el gobierno de George W. Bush y un oficial de inteligencia declaró que eventos de seguridad nacional la han intensificado.
Y si bien la cuarta enmienda obliga a una sospecha razonable para requisar las propiedades de una persona, dicha enmienda no aplica en la frontera ni en cruces fronterizos, según explicó Hugh Handeyside, abogado de la Comisión Americana de Libertades Civiles.
Varias voces, como la del senador Ron Wyden, han pedido a DHS más información sobre estas prácticas e incluso ha dicho que propondrá una ley que obligue a las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza a tener una orden judicial para revisar dispositivos electrónicos, además de evitar explícitamente que soliciten contraseñas o información similar.
