WASHINGTON - La Cámara de Representantes aprobó el jueves una resolución en la que declaró que el secretario de Justicia, Eric Holder, cometió desacato penal por retener documentos de la fallida operación Rápido y Furioso que le pidió el Congreso.
Aún falta por realizarse una votación por separado sobre una acusación similar contra Holder, pero de desacato civil.
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La resolución de desacato penal sienta un precedente, pues es la primera vez que un miembro del gabinete del ejecutivo es acusado de ello. Varios demócratas boicotearon la votación.
Los republicanos promovieron la resolución porque Holder se negó a entregar documentos relacionados con la operación, que fracasó en su intento por rastrear armas compradas en Estados Unidos que acabaron en México.
La Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental quería que el Departamento de Justicia le entregara registros de 10 meses a partir de febrero de 2011. Ese mes, el Departamento negó inicialmente que se haya permitido la venta de las armas en Arizona para que fueran llevadas a México. Fue varios meses después, a principios de diciembre de ese año, que el Departamento reconoció que esa afirmación era incorrecta.
Un secretario de Justicia en actividad nunca ha sido declarado en desacato. Los republicanos escogieron un día peculiar: el mismo en que la Corte Suprema anunció su fallo sobre la legalidad de la ley de reforma del sistema de salud pública del país.
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El fallo de la corte ratificó la constitucionalidad de la ley, otorgándole al presidente Barack Obama una victoria política crucial en este año electoral.
Obama recurrió al fuero ejecutivo para negar la entrega de los documentos, pero los republicanos dicen que lo hizo sin fundamentos.
La aprobación de la resolución contra Holder no estaba en duda. Los republicanos son mayoría en la cámara baja y la medida contó con el respaldo de algunos demócratas que apoyan a la Asociación Nacional de Portadores de Armas (NRA por sus siglas en inglés).
La resolución de desacato penal dejó el asunto en manos del fiscal federal para el Distrito de Columbia, que está bajo jurisdicción de Holder.
Una resolución de desacato civil permitiría a la cámara baja acudir a las cortes en un esfuerzo para obligar a Holder a entregar documentos que busca la comisión de supervisión. En casos previos, los tribunales se han mostrado renuentes a decidir disputas entre los poderes ejecutivo y legislativo.
