WASHINGTON— Las autoridades estadounidenses deberían suspender los enjuiciamientos penales por ingresar y reingresar ilegalmente a Estados Unidos porque la mayoría de los afectados son extranjeros sin antecedentes penales cuyos derechos frecuentemente terminan vulnerados, advirtió la organización Human Rights Watch en un informe. "El gobierno estadounidense convierte a los inmigrantes en criminales al enjuiciar a muchos que podían ser deportados solamente", dijo Grace Meng, investigadora de la organización y autora del reporte. "Muchos de estos inmigrantes no representan una amenaza a la seguridad pública, sino personas que buscan reunirse con sus familias". En su reporte de 80 páginas titulado "Convertir Inmigrantes en Criminales: El Impacto Negativo de los Enjuiciamientos en la Frontera Estadounidense", la organización subrayó que los juicios por ingresar ilegalmente han aumentado 1,400 % durante la última década, mientras que los de reingreso se incrementaron en un 300% en el mismo período. Más de 80,000 extranjeros fueron hallados culpables de estos delitos en 2012. HRW afirmó que la mayoría de los enjuiciados tenían prontuarios de delitos menores o no tenían antecedentes. Sólo 27% tenía antecedentes por delitos graves, como los cometidos con violencia o con arma de fuego. La organización criticó a las autoridades estadounidenses por mantener el énfasis en estos enjuiciamientos e indicó un incremento del 10% durante el primer semestre del año fiscal 2013, según estadísticas del Departamento de Justicia. Debido a que los procesos por estos delitos terminan vulnerando frecuentemente los derechos civiles de los enjuiciados, HRW sugirió imponer solamente sanciones civiles y no penales a las personas que crucen la frontera ilegalmente. Recomendó también al Congreso incluir en el proyecto de ley de reforma migratoria mecanismos claros para que las personas deportadas puedan solicitar su reingreso a Estados Unidos. "Si el gobierno de (el president Barack) Obama y el Congreso son serios sobre reformar la inmigración para proteger a las familias, deberían dar a todos los deportados y separados de su familia la oportunidad de contribuir con la sociedad", dijo Meng. "De lo contrario, el gobierno está condenado a continuar gastando millones (de dólares) enjuiciando y encarcelando a personas con lazos sólidos con Estados Unidos".
