WASHINGTON - La Corte Suprema de Estados Unidos falló que los estados no pueden obligar a los votantes potenciales a demostrar que son ciudadanos antes de empadronarse en un sistema federal diseñado para facilitar ese proceso. Los magistrados votaron 7-2 a fin de anular una norma aprobada de Arizona que exige que los electores comprueben que son ciudadanos norteamericanos para poder llenar un documento de inscripción, creado bajo la ley de registro de votantes en conjunción con el sistema federal de conductores. La ley federal "impide que Arizona obligue a quienes llenan una solicitud federal presentar información adicional a los requisitos incluidos en ella", escribió el magistrado Antonin Scalia a nombre de la mayoría en el fallo. El Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito falló que la Ley Nacional de Inscripción de Electores de 1993, que no obliga a la presentación de esos documentos, es más importante que la Propuesta 200 aprobada en 2004 en Arizona. Arizona apeló el fallo ante la Corte Suprema. "La decisión de hoy envía un fuerte mensaje de que los estados no pueden impedir que sus ciudadanos se inscriban para votar mediante la imposición de trámites burocráticos onerosos por encima de lo que establece la ley federal", dijo Nina Perales, vicepresidente de litigios del Fondo Mexicano-Americano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF, por sus siglas en inglés), y abogada principal de los electores que impugnaron la Propuesta 200. "La Corte Suprema ha afirmado que todos los ciudadanos estadounidenses tienen el derecho de inscribirse para votar usando la tarjeta nacional de inscripción, sin importar el estado donde vivan", dijo Perales. Pero Tom Caso, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Chapman en California, dijo que la decisión "abre la puerta" para que los que no son ciudadanos voten. "La decisión del tribunal ignora los dictados claros de la Constitución a favor de los trámites burocráticos", dijo Caso. Kathy McKee, quien lideró la campaña para incluir la propuesta en la boleta de Arizona, dijo que el fallo dificulta combatir el fraude electoral, como el perpetrado por personas que no tienen autorización para estar en el país. "¿Realmente se puede confiar en que las personas actuarán de buena voluntad?", se preguntó McKee. "Usted tiene que probar su identidad antes de usar una tarjeta de crédito".
El caso se centra en Arizona, que con frecuencia se ha enfrentado al gobierno federal sobre otros temas de inmigración vinculados con la frontera con México. Sin embargo, tiene implicaciones más amplias porque otros cuatro estados -Alabama, Georgia, Kansas y Tenesí- tienen exigencias similares, y otros 12 tienen planes de implementar leyes similares. Los magistrados Clarence Thomas y Samuel Alito disintieron del fallo del tribunal. La Constitución "autoriza a los estados a determinar si los electores cumplen los requisitos establecidos para participar en los comicios federales, lo que necesariamente incluye la autoridad para determinar si esas exigencias se cumplen", expresó Thomas en su opinión contraria a la mayoría. Los que se oponen a la ley de Arizona la consideran una agresión a grupos vulnerables de electores como las minorías, los inmigrantes y las personas de edad avanzada. Han dicho que han contabilizado más de 31,000 electores potenciales que cumplen los requisitos establecidos en Arizona que fácilmente pudieran haberse inscrito antes de la Propuesta 200 pero que inicialmente no pudieron debido a la ley durante los primeros 20 meses después de ser aprobada en 2004. Agregan que aproximadamente 20 por ciento de los afectados eran hispanos. Barbara Arnwine, presidenta y directora ejecutiva de la organización Abogados por los Derechos Civiles bajo la Ley, calificó a la decisión de una victoria. "El tribunal ha reafirmado el derecho fundamental de inscribirse para votar en una elección federal sin la carga de medidas estatales para suprimir el voto", dijo. No obstante las autoridades de Arizona dicen que deben tener la autoridad de aprobar leyes para evitar que inmigrantes sin autorización para estar en el país y otras personas que no son ciudadanos estadounidenses se inscriban en el padrón electoral. La ley electoral de Arizona fue parte de un paquete legislativo que también negó algunas prestaciones sociales del gobierno a los inmigrantes no autorizados y exigía a los habitantes del estado que se identificaran antes de votar. La ley que vinculó el registro de conductores con la inscripción electoral fue implementada en 1993 para inscribir a los votantes cuando soliciten la licencia de conducción u otras prestaciones.
Otra cláusula de la ley -la que la Corte Suprema tomó- exige que los estados permitan a los electores en potencia llenar tarjetas de inscripción electoral que se envían por correo y para lo cual la persona jura que es ciudadano estadounidense, bajo la penalidad de perjurio, pero no les exige presentar pruebas de ciudadanía.
A tenor con la Propuesta 200, las autoridades de Arizona exigen una licencia de conducir del estado emitida después 1996, un certificado de nacimiento de Estados Unidos, un pasaporte u otro documento similar. De lo contrario, el estado rechaza el formulario de inscripción electoral federal. Aunque el tribunal se pronunció claramente en el sentido de que los estados no pueden añadir exigencias de identificación adicionales a lo establecido en la ley federal, también dejó en claro que los estados pueden tomar esas mismas medidas si reciben la autorización del gobierno federal y los tribunales federales. Así las cosas, Arizona puede pedir al gobierno federal que incluya documentos adicionales en calidad de exigencias específicas del estado, dijo el magistrado Scalia, y llevar a los tribunales cualquier decisión del gobierno sobre la solicitud. Otros estados ya han hecho eso, expresó Scalia. La Comisión de Asistencia Electoral "aprobó recientemente una directiva específica para Luisiana que exige a los solicitantes que carecen de una licencia de conducción de ese estado, una tarjeta de identificación o un número del Seguro Social", indicó Scalia. En la actualidad, la Comisión de Asistencia Electoral no tiene ningún miembro en activo. Los cuatro comisionados deben ser nominados por el presidente y confirmados por el Senado. Los últimos dos comisionados, Donetta L. Davidson y Gineen Bresso, salieron en 2011, según la página de internet de la Comisión. "La noción de que el tribunal no hará cumplir la Constitución a menos que primero se lleve el caso a una Comisión que no puede actuar porque no tiene miembros, es algo asombroso", dijo Caso. Los defensores de los derechos electorales pidieron de inmediato a los futuros miembros de la Comisión que rechacen cualquier solicitud de agregar documentos de identificación al formulario federal de inscripción electoral. "La ley federal ya ofrece suficiente protección y los estados no deben abrumar indebidamente a los ciudadanos que quieren registrarse para votar", dijo Penda D. Hair, codirectora de la organización Proyecto Avance.
