WASHINGTON— Seis semanas después de que un documento filtrado expusiera el alcance de la vigilancia electrónica del gobierno a los registros telefónicos de estadounidenses, muchos demócratas y algunos republicanos continúan furiosos.
Figuras prominentes del gobierno relacionadas con el mundo de la inteligencia, comparecerán ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes para responder a otra ronda de preguntas.
Los interrogadores incluirán al representante Jim Sensenbrenner, el republicano que patrocinó la ley antiterrorista Patriot Act, la cual rige la compilación de los registros telefónicos. Sensenbrenner se dijo "extremadamente preocupado" por la interpretación jurídica del gobierno que permitió le compilar cientos de millones de registros telefónicos de estadounidenses.
Poco después de que se hiciera público el programa de vigilancia electrónica, el representante John Conyers, el demócrata de alto rango en la comisión, dijo que temía "que estuviéramos a punto de convertirnos en un estado vigilante".
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"En la última década —con cuatro presidentes con diversos puntos de vista políticos— los miembros de esta comisión han discutido intensamente el equilibrio adecuado que debe existir entre nuestra seguridad y nuestro derecho constitucional a la privacidad", dijo Conyers en declaraciones preparadas para la audiencia del miércoles.
"Nosotros nunca, en ningún momento durante esta discusión, aprobamos el tipo de vigilancia amplia y sin freno sobre los ciudadanos de Estados Unidos en la que ha recurrido nuestro gobierno en nombre de la guerra contra el terrorismo", agregó.
Entre quienes comparecerán figuran el subsecretario de Justicia, James Cole, y el subdirector de la Agencia de Seguridad Nacional, John C. Inglis. Otros que testificarán a nombre del gobierno son Robert S. Litt, consejero de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, y Stephanie Douglas, subdirectora ejecutiva de la Rama de Seguridad Nacional del FBI.
Los legisladores de ambos partidos posiblemente buscarán respuestas claras a por qué, en el punto de vista del gobierno del presidente Barack Obama, es legal la compilación de tantos registros telefónicos.
