El sistema carcelario salvadoreño carece de fondos para operar el resto de 2019

El sistema carece de fondos para operar después del próximo 15 de julio.

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SAN SALVADOR - El sistema carcelario de El Salvador, uno de los países más violentos del mundo, carece de fondos para operar después del próximo 15 de julio por un déficit millonario en su presupuesto, informó este lunes el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas.

El titular de Seguridad señaló durante una entrevista con un canal de la televisión local que han solicitado al Ministerio de Hacienda un "refuerzo presupuestario" de 5 millones de dólares "para poder terminar el año".

Añadió que la Dirección General de Centros Penales (DGCP) necesita 10 millones de dólares para el pago de la alimentación de unos 39.000 presidiarios entre septiembre y diciembre, sin detallar si parte de estos fondos se incluyen en la solicitud de refuerzo presupuestario.

Rivas aseguró que el Ejecutivo de Nayib Bukele, quien tomó el Ejecutivo el pasado 1 de junio, buscará que los centros penales sean "autosostenibles" mediante un nuevo "plan financiero" y la producción de su propia comida.

Explicó que el gasto anual en alimentos para los presidiarios es de unos 46 millones de dólares, lo que "representa una carga importante para el Estado".

Este refuerzo no es el primero que necesita el Ejecutivo de Bukele, dado que la Presidencia anunció el domingo que pedirá al Congreso 15 millones de dólares para garantizar la alimentación a los más de 5.000 miembros de la Policía y del Ejército que desarrollan un plan de recuperación de territorios controlados por las pandillas.

Dicho plan se desarrolla desde el 20 de junio en 12 municipios, incluida la capital, para tratar de cortar los ingresos de las pandillas provenientes principalmente de las extorsiones en estos sitios.

Rivas señaló que Bukele ordenó este fin de semana que el plan se extienda a otras cuatro localidades.

El Salvador está considerado uno de los países más violentos del mundo por las tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes, de entre 103 y 50,3 registradas entre 2015 y 2018, índices atribuidos principalmente a las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias.

Las "maras", un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones.

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