MEXICO - El Senado mexicano aprobó el miércoles la mayor reforma energética en décadas que termina con el monopolio estatal en la industria petrolera y la abre a la iniciativa privada nacional y extranjera.
La cámara alta aprobó por amplia mayoría de oficialistas y conservadores modificaciones a la constitución para permitirle al gobierno otorgar contratos y licencias para la exploración y producción a empresas multinacionales, algo expresamente prohibido hasta ahora.
Los contratos se celebrarían directamente con el Estado en lugar de la compañía estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), la cual será un competidor más.
La reforma fue enviada a la Cámara de Diputados, donde se prevé que sea votada esta misma semana. En caso de su aprobación deberá aún recibir el aval de 17 de los 31 estados, por tratarse de modificaciones constitucionales.
La energética es la principal pieza de una serie de reformas promovidas por el presidente Peña Nieto en su primer año de gobierno en áreas desde la educación y el sistema fiscal hasta las telecomunicaciones.
Sin embargo, la reforma aprobada va más allá de la que originalmente propuso el mandatario, al establecer mayores modalidades en las que la iniciativa privada puede participar en la industria petrolera.
La iniciativa original del gobierno sólo consideraba contratos para compartir ganancias.
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"Esta reforma permitirá a México aprovechar mejor sus recursos para crecer económicamente y crear empleos durante los siguientes años", señaló un mensaje publicado en la cuenta de Twitter del presidente Peña Nieto luego de la aprobación en la cámara alta.
La reforma admite contratos para compartir ganancias y producción, además de licencias mediante las cuales las empresas pagarán regalías e impuestos al gobierno por el derecho de explorar y extraer.
La industria petrolera fue nacionalizada en 1938 y desde entonces para muchos mexicanos es un símbolo de soberanía.
La reforma plantea que Pemex sea un competidor, aunque con ciertas preferencias, como por ejemplo ser la primera empresa en elegir los campos en que participará.
Distintos partidos y grupos de izquierda se han opuesto a la reforma al considerar que disfraza una privatización del sector, algo que oficialistas y conservadores han negado.
En medio de protestas diarias de sus seguidores en calles de la capital y frente al Senado, la izquierda representada en el Congreso insistió en que antes de discutirse en las cámaras la reforma debía ser sometida a una consulta popular, algo que los promotores de la iniciativa no consideraron necesario.
La propuesta permite reportar a las empresas privadas, para efectos contables y financieros, la asignación o contrato correspondiente y los beneficios esperados, "siempre y cuando afirme que el petróleo y sus derivados, sólidos o gaseosos, que se encuentren en el subsuelo son propiedad de la nación".
Las concesiones, uno de los mecanismos considerados más liberales para las compañías privadas, continuarán prohibidas en el país.
