CHARLESTON - La ley de inmigración de Carolina del Sur, considerada entre las más duras del país antes de que la Corte Suprema de Estados Unidos denegara gran parte de la ley de Arizona o SB1070 que usó como modelo, volverá a ser sopesada por un juez federal.
El juez federal de Distrito Richard Gergel, que impidió que la mayor parte de la ley de Carolina del Sur entrara en vigor en diciembre del año pasado, sostendrá el martes una audiencia en Charleston.
La Corte Suprema falló a principios de este año que gran parte de la ley de Arizona es inconstitucional, y derogó las disposiciones que convertían en un delito estatal no traer consigo documentos migratorios y que los inmigrantes que estaban de manera irregular en el país se trasladaran por el estado o radicaran en él. La ley de Carolina del Sur cuenta con disposiciones similares, muy parecidas a la Ley de Arizona o SB1070.
Pero Gergel también bloqueó una sección de la ley de Carolina del Sur que permitía que los policías revisaran el estado migratorio de conductores si los agentes sospechaban que se hallaban en el país sin autorización legal. La Corte Suprema permitió que se mantuviera una disposición similar en la ley de Arizona.
Gergel señaló en documentos de la corte emitidos a mediados del año pasado que su orden que bloquea la aplicación de la ley de Carolina del Sur necesita ser estudiada a raíz de la decisión de la corte más alta.
Los fiscales del gobierno federal y la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles interpusieron en diciembre del año pasado una demanda para impugnar la constitucionalidad de la ley de Carolina del Sur.
Otras secciones de la ley entraron en vigor, entre ellas el requisito de que las empresas revisen la situación migratoria de los nuevos empleados a través de un sistema federal.
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El procurador de justicia de Carolina del Sur, Alan Wilson, en representación del estado, había solicitado que se autorizara que la ley completa entrara en vigor el 1 de enero mientras la demanda seguía su curso, pero Gergel rechazó la petición.
Los oficiales no contarían con autoridad para revisar el estado migratorio de quienes eran detenidos hasta que la orden de Gergel fuera modificada, independientemente del fallo de la Corte Suprema, escribió Wilson en una carta de junio dirigida al director de Seguridad Pública, Leroy Smith.
