SANTA ANA (California) - El gobernador de California, Jerry Brown, aprobó un proyecto de ley que permitirá que algunos jóvenes sin residencia legal en Estados Unidos puedan obtener licencias de conducir, pero ciertos defensores de los inmigrantes dijeron el lunes que el apoyo fue insuficiente.
La esperanza de lograr la aprobación de una ley que otorgue una licencia de conducir en California a los jóvenes indocumentados se hizo realidad, pero activistas pro inmigrantes aseguran que el gobernador "tomó el camino más fácil".
Alegaron que Brown sólo tomó una decisión fácil y atacaron el hecho de que haya vetado otras iniciativas que habrían ampliado los derechos de otras personas no autorizadas a vivir en el país, como niñeras y empleadas domésticas, al proteger sólo a algunos inmigrantes de ser deportados: los llamados dreamers.
Brown promulgó un proyecto de ley que permitirá que puedan obtener licencias de conducir ciertos jóvenes inmigrantes en situación irregular que tengan un permiso de trabajo de dos años bajo la nueva política de Acción Diferida dictada por el presidente Barack Obama.
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Los defensores de los inmigrantes dijeron que la ley promulgada por Brown no tiene un impacto de largo alcance que podrían haber tenido otras iniciativas que debió haber firmado. Dijeron que si el gobernador hubiese promulgado esos proyectos de ley, habría distinguido más a California como un estado amigable con los inmigrantes, en comparación con otros como Arizona y Alabama, que han tomado medidas enérgicas contra la inmigración irregular.
"Es decepcionante que Jerry Brown no quiera ser el anti-Jan Brewer", dijo Aarti Kohli, investigador principal en el Instituto Warren para Políticas de Derecho y Sociedad de la Universidad de California en Berkeley, en referencia a la gobernadora de Arizona.
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"Los defensores (de los inmigrantes) se sienten muy traicionados. Sienten cómo los inmigrantes y especialmente la comunidad latina han respaldado al gobernador... y que él realmente no ha mostrado un conocimiento profundo de estos problemas verdaderamente graves".
Brown vetó la llamada iniciativa de ley TRUST, que buscaba impedir que policías locales detuvieran a sospechosos para su posible deportación a menos que fueran acusados de delitos graves o violentos, así como otro proyecto de ley que buscaba que las trabajadoras domésticas gozaran del pago de horas extras, descansos para comer y otras protecciones laborales.
Los defensores de los inmigrantes cuestionaron el motivo que impulsó al gobernador demócrata a tomar esas decisiones.
Algunos conjeturaron que hubo presión del gobierno federal para proteger su programa principal contra la inmigración irregular, llamado Comunidades Seguras, y que la oposición de algunos funcionarios policiales de California, entre ellos el alguacil del condado de Los Angeles Lee Baca, podría haber tenido algo que ver.
