Inmigración es tema de campaña

La inmigración ilegal es un problema en Estados Unidos desde hace décadas. Con un aproximado de 11,5 millones de inmigrantes en calidad migratoria irregular viviendo, y en muchos casos trabajando, en el país, la pregunta sigue siendo ¿qué hacer con ellos? ¿Y cómo evitar que más gente entre de manera ilegal?

Una relajada aplicación de la ley potencialmente lleva a que más inmigrantes no autorizados compitan con ciudadanos estadounidenses por empleos y algunos servicios sociales, sin necesariamente pagar el impuesto por ingresos. Por otro lado, una política demasiado rigurosa podría significar que los agricultores y otros en industrias que se apoyan en la mano de obra barata de los inmigrantes tengan que rogar por trabajadores, pasando los altos costos a los consumidores o perdiendo el negocio por completo.

El presidente Barack Obama ha impulsado la Ley Dream, un camino a la ciudadanía estadounidense para muchos jóvenes inmigrantes que llegaron al país siendo niños. Los esfuerzos por aprobar el proyecto de ley han fracasado repetidamente, con mayor notoriedad en 2010, cuando se estancó en un Senado liderado por demócratas después de no lograr obtener los 60 votos que necesitaba para someterse a una votación en el pleno. Cinco demócratas votaron contra la medida.

En junio, Obama anunció un plan de Acción Diferida que retrasa hasta por dos años las deportaciones de muchos inmigrantes, que se habrían beneficiado de la Ley Dream y les permite obtener permisos laborales.

El candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, Mitt Romney, ha dicho que de asumir el cargo no vetaría la Ley Dream si llegara a su escritorio. Romney dijo al diario The Denver Post que respetaría los permisos laborales para aquellos inmigrantes que se benefician con la nueva política de Obama y prometió poner en marcha un plan migratorio integral antes de que esos permisos se venzan. El ex gobernador de Massachusetts se dijo a favor de completar un elevado muro de acero a lo largo de la frontera con México, además de los 1,046 kilómetros (650 millas) de antemano construidos, y se opone a permitir que estudiantes de universidad públicas en condición migratoria irregular paguen las mismas tarifas preferentes que pagan quienes radican en el estado.

La inmigración no autorizada ha disminuido en años recientes. La Patrulla Fronteriza recientemente registró la menor cantidad de arrestos en cerca de 40 años. Pero a muchas personas les preocupa que la frontera con México, el punto de cruce más popular para los inmigrantes que no cuentan con la debida documentación de ingreso, aún no sea segura más de una década después de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

En el último par de años, el gobierno ha invertido miles de millones de dólares en la construcción de un muro, en duplicar el número de agentes de la Patrulla Fronteriza y en agregar una gran cantidad de equipo de alta tecnología para frenar la entrada ilegal de inmigrantes. Las cifras muestran una historia irrefutable: en el último año presupuestal, la Patrulla Fronteriza arrestó aproximadamente a 327.000 personas en la frontera con México. En 2006, los agentes realizaron más de un millón de arrestos de este tipo.

El gobierno del presidente Obama también deportó una cifra récord de personas el año pasado, cerca de 400.000, y el gobierno ha estado cambiando de enfoque para encontrar y deportar a inmigrantes delincuentes y a aquellos que de alguna manera representan una amenaza a la seguridad nacional.

Hay espacio para el debate sobre lo que ha llevado a una marcada disminución en el número de arrestos: Resulta claro que las complicaciones económicas han restado atractivo a la idea de ingresar a Estados Unidos de manera irregular. Aun así, los republicanos insisten menos en que cualquier cruce por la frontera sin autorización legal es demasiado. Y hay un consenso en que la frontera debería ser más segura.

En cuanto a los inmigrantes que ya viven en territorio estadounidense sin autorización legal, no existe una respuesta sencilla lo que se debe hacer.

En 1986, en el gobierno del entonces presidente Ronald Reagan, el Congreso aprobó una amnistía que otorgó estatus legal a millones de inmigrantes al tiempo que modificaba la ley para hacer ilegal la contratación de inmigrantes que no contaran con autorización para estar en el país.

Esas contrataciones han continuado en muchos sectores, sobre todo la agricultura. Y algunos legisladores se muestran preocupados de que ese sector se hunda en caso de que se realice un esfuerzo agresivo para verificar que todos los trabajadores agrícolas tienen permiso para laborar en Estados Unidos de manera legal.

Varias mejoras a la política migratoria han sido propuestas desde principios de la década de 2000. Pero el debate suele reducirse a los republicanos deseando reforzar la seguridad en la frontera antes que nada y los demócratas presionando por esa seguridad y por crear un mecanismo para la legalización al mismo tiempo. El resultado ha sido un estancamiento legislativo.

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